Cerca de 2.950 ventiladores para unidades de cuidados intensivos, más de un millón de pruebas PCR para detectar el covid-19, unos 3,2 millones de cajas Clap con alimentos para la población venezolana de bajos recursos.
Cualquiera de estos elementos, vitales de cara a la emergencia sanitaria, se podrían adquirir con los 65 millones de dólares que estaría costando la defensa del barranquillero Álex Saab, capturado en Cabo Verde el 12 de junio y requerido en extradición por la justicia de Estados Unidos, reseñó El Tiempo.
De hecho, la oposición ya habla de una clara malversación de fondos por parte del régimen venezolano, que ha desplegado toda una artillería judicial para liberar a su ‘agente especial’, señalado de ser el testaferro de Maduro.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio, Miguel Ángel Martín, le aseguró a EL TIEMPO que el dinero destinado a la defensa de Saab sale de las arcas del Estado y que se trata de un caso grave de malversación por el que deben responder.
La polémica surge en momentos en que Cabo Verde define la suerte del barranquillero que, al cierre de esta edición, había sido trasladado de urgencias a un hospital de la Isla de Sal, por problemas médicos de los que ya se había quejado.
El señalado testaferro de Nicolás Maduro fue capturado en Cabo Verde, el 12 de junio pasado. Ese mismo día fue llevado por agentes de la policía ante un juez local.
Sobre las cuentas de los honorarios, se sabe que el exjuez Baltasar Garzón cobra 65 mil dólares por estudiar la viabilidad de un caso antes de asumirlo.
Y, al parecer, facturó 1,8 millones de dólares por diseñar la defensa del exgeneral venezolano Hugo ‘Pollo’ Carvajal, solicitado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y por quien se ofrece recompensa. Una suma similar habría costado la defensa de Roberto Rincón y Abraham Sierra, acusados en Estados Unidos de defraudar a la petrolera venezolana PDVSA.
Versiones señalan que, por el caso Saab, Garzón y su bufete Ilocad recibieron un adelanto de 4 millones de dólares. Sin embargo, el español no ha querido hablar del tema ni de su estrategia de defensa.
Tampoco se sabe cuánto están facturando y quién le paga al resto del equipo de defensa. Uno de ellos es el exasesor de Interpol de nacionalidad holandesa Rutsel Martha.
El holandés ha defendido casos multimillonarios como el del empresario nigeriano Kola Aluko, cuyos bienes avaluados por encima de 1,7 billones de dólares fueron congelados en 2016. Para facturar esas sumas, Martha les recuerda a sus clientes que ha obtenido la eliminación de 12 notificaciones rojas de Interpol.
El portal Primer Informe aseguró que parte de los fondos con los que Saab les paga a sus abogados salieron de cuentas en Suiza rastreadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
No se sabe si con esos fondos, o con los del régimen, también se contrató a las prestigiosas firmas portuguesas Abreu Advogados y Rogério Fernandes Ferreira & Associados para coordinar su defensa en Cabo Verde.
La firma Abreu Advogados es la preferida de poderosas empresas multinacionales como Google, Visa, Amazon y Marriott que litigan casos por elevadas sumas de dinero.
Finalmente, en el equipo de defensa figura Rogério Fernandes Ferreira & Associados. Esa es la exclusiva firma a la que pertenece el abogado caboveriano José Manuel Pinto Monteiro. Uno de sus asesores ya habría recibido 2 millones de dólares por sus gestiones.
Los costos de movilización en un vuelo de operación privada de Caracas a Cabo Verde son de 21 mil 850 dólares por trayecto
Lo que no se sabe es cuánto ha invertido Venezuela en los vuelos privados en los que ha enviado a sus emisarios a África a interceder por Saab.
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