La escasez de gas afecta a comunidades de los 14 municipios de Carabobo, incluso a la población carcelaria. Los presos del Centro de Formación para el Hombre Nuevo “El Libertador”, en el Internado Judicial Carabobo, pidieron al gobernador Rafael Lacava que les haga el despacho del hidrocarburo a través de la Corporación Gas Drácula.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este viernes 15 de enero mediante nota de prensa que los reclusos del también conocido como Penal de Tocuyito tienen al menos 10 meses sin gas, por lo que deben salir a los alrededores del centro a recoger leña para lo poco que cocinan.
Esta semana se registraron en la entidad al menos dos protestas ciudadanas para exigir gas doméstico. La solicitud de los presos se suma a la larga lista de usuarios carabobeños que tienen seis, ochos y hasta 10 meses con sus cilindros vacíos, incluso a pesar de haber pagado por el servicio.
La situación empeoró
“De nada sirvió la protesta protagonizada por nuestros muchachos”, señaló María, madre de uno de los privados de libertad que el 1° de enero del presente año se alzaron en el Centro de Formación para el Hombre Nuevo “El Libertador”, en procura de mejor alimentación.
A dos semanas de estos hechos, un grupo de familiares informaron al OVP que la situación para los privados de libertad sigue igual. Incluso ha sido peor para los manifestantes, pues quienes no salieron por traslado fueron recluidos en la celda de castigo o reflexión, como la llaman allí, donde apenas reciben agua.
Madres, esposas, hermanas e hijas de los más de mil hombres que están recluidos en este centro, siguen insistiendo ante las autoridades del gobierno nacional, específicamente ante la ministra de Servicios Penitenciarios, Mirelys Contreras, para que ponga manos en el asunto. Consideran que la desnutrición se ha convertido en la sentencia de muerte de sus seres queridos.
“Nuestras peticiones siguen siendo las mismas que manifestaron los presos durante las horas que duró el motín del primer día del año. Lo que queremos es que se respeten sus derechos humanos y les den comida, ya que no nos dejan que nosotros se las llevemos”, señaló María, quien teme por la vida de su hijo.
Ellos cumplen su pena al privarlos de libertad por el delito cometido. Sin embargo, estar preso en Venezuela representa casi una sentencia de muerte, ya que de los tres platos de comida que deberían recibir diariamente, apenas consumen un vaso de agua con arroz o bollo cocido, sin sal ni azúcar. “Para colmo, la única comida que les dan, casi siempre la reciben después de las 10 de la noche o en la madrugada”, señalaron.
Los castigaron a palo
María relató que a los presos que se subieron a la azotea en protesta por la falta de alimentación, los agredieron con palos y batazos, mientras que a algunos de los que no fueron trasladados los metieron en la celda de “reflexión”, donde no reciben nada de comida y las condiciones de insalubridad son inhumanas.
Luego del motín, más de 200 presos de este centro penitenciario fueron trasladados a otros centros en los estado Táchira, Mérida, Lara, Miranda e incluso a un grupo lo pasaron al penal abierto de Tocuyito.
La corrupción es el origen
Los familiares aseguraron que la corrupción es la que ha originado el problema de la comida. Los funcionarios que laboran en el penal, junto con los rancheros –presos que cocinan-, presuntamente negocian la comida que llega para los privados de libertad, o se las llevan en morrales y bolsos.
Por ello piden a la ministra que envíe a unos fiscales u observadores, para que de incógnitos se apuesten en las puertas del penal, y constaten cómo los custodios sacan pollos, harina, arroz y otros alimentos. “Por eso es que no permiten que nosotros les llevemos comida, para ellos poder vender a nuestros familiares la comida que envía el gobierno o la que nosotras mismas le llevamos”, afirmaron.
Muchas de estas familias son de escasos recursos y, cuando llevan la paquetería los días martes, con impotencia e indignación ven que lo poco que traen para sus seres queridos como el pan, catalinas y galletas es rechazado por los custodios, o se los quedan para después venderlos a los privados de libertad.
Tampoco les dejan llevar azúcar o sal, que son indispensables para cualquier ser humano. María relató el caso de otra madre, quien en diciembre se le ocurrió llevarle a su hijo, entre la paquetería una “tética” de azúcar. Por ese motivo castigaron al muchacho, prohibiendo el ingreso de comida por seis meses. “Eso es totalmente inhumano”, señaló.
El OVP aseguró que hasta este momento no han valido denuncias de los familiares, protestas ni motines. Los privados de libertad del Internado Judicial Carabobo siguen muriendo de hambre, mientras el Estado sigue indiferente ante la violación de los derechos humanos de esta población penal.
