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José Ricardo Álvarez, presidente de la Federación Nacional de Asociación de Cañicultores de Venezuela (FESOCA), expresó su preocupación por la difícil situación por la que atraviesa el sector, y responsabilizó directamente al Gobierno Nacional por no dar respuestas a los planteamientos expuestos en reiteradas oportunidades para “salvar” la producción azucarera nacional.

El gremialista denunció que las autoridades gubernamentales han incumplido la Ley de Precios acordados en lo que respecta a la revisión y actualización periódica de los costos de producción, y del precio acordado del azúcar. Precisó que actualmente el precio regulado del producto es de 18 mil 758 bolívares; mientras que el productor exige un costo de 60 mil 218, 88 bolívares.

En torno a la producción, detalló que la zafra hasta el 21-01-18 es de 918 mil 947 toneladas de caña, y procesada unas 73 mil toneladas. Sin embargo, señaló que “en las últimas cosechas no hemos podido lograr salir del hueco de los tres millones de toneladas de caña molidas y la expectativa para este año lamentablemente se perfila igual”.

En sus declaraciones, el directivo de Fesoca se refirió a otros  factores que inciden negativamente en la “crisis” del sector entre ellos la escasez de insumos como el gasoil, lubricantes, fertilizantes y herbicidas, así como la carencia de maquinaria, equipos y repuestos.

“La falta de transporte y encarecimiento del flete, las malas condiciones de la vialidad agrícola entre otros han colocado a los cañicultores en este momento, en un estado de total incertidumbre en torno a las expectativas de esta zafra” indicó.

Insistió en sus palabras que el Ejecutivo tiene en sus manos la potestad de evitar el inminente colapso del sector azucarero nacional ya que es el encargado en forma exclusiva de la asignación de divisas, del control de la importación, producción y distribución de todos los insumos requeridos para la cosecha.

Otro de los reclamos formulados por Álvarez para salvar la zafra azucarera, se encuentran implementar un plan de dotación y distribución de agroquímicos y fertilizantes a través de las Asociaciones de Cañicultores. Le exigen a Pdvsa implantar la creación y asignación de un código para que las asociaciones puedan distribuir directamente el combustible y los lubricantes, la recuperación y el mantenimiento de la vialidad agrícola; incrementar la presencia de los cuerpos de seguridad en las fincas para evitar el robo generalizado en los sembradíos de caña de azúcar que atentan contra la economía del productor.

Los productores solicitan que se reactive el flujo de recursos financieros que se generan a través de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI) a la investigación en caña de azúcar que se realiza en diferentes instituciones científicas del país, como Fundacaña-Inia, universidades y otros organismos para que sean utilizados eficientemente.

Convocan igualmente al Estado a que asuma de manera definitiva los diferentes planes de crecimiento que el sector ha presentado al Ejecutivo Nacional.




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