El racionamiento eléctrico en Venezuela ya no es solo un problema doméstico: En Valencia está golpeando de frente al sector comercial con una pérdida de aproximadamente 20 horas de trabajo a la semana, lo que equivale al 50% del tiempo laboral en un turno normal.
Así lo advirtió Ernesto Abas, presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, quien describió un escenario en el que los costos operativos suben, los inventarios se pierden y los negocios deben seguir pagando nómina, alquiler e impuestos, aunque la mitad del tiempo no puedan atender al público.
Las consecuencias son directas: "En el 40% o 50% de tu tiempo laboral no vas a poder laborar, y eso impacta de manera negativa en los costos de los procesos de la empresa." El negocio sigue generando gastos fijos aunque la luz no esté, y esa ecuación es insostenible para muchos establecimientos.
Los sectores más golpeados son los de recreación y alimentos. Restaurantes, comida rápida y supermercados enfrentan además el problema de la cadena de frío: cada hora sin electricidad puede significar pérdida de inventario.
Quienes tienen planta eléctrica propia sortean el racionamiento, pero a un costo adicional: el combustible para alimentarlas. Y quienes no la tienen, simplemente cierran. "No puede trabajar un laboratorio de bioanálisis, un odontólogo, un escritorio jurídico, una panadería, una zapatería, una tienda de ropa. Todo esto afecta negativamente a la economía del estado", enumeró Abas.
Cámara pide ampliar el beneficio de exoneración
El racionamiento ya generó una respuesta institucional parcial: varios alcaldes del estado Carabobo otorgaron una exoneración del 30% en el pago del impuesto de actividades económicas a las empresas que hayan facturado en promedio hasta 3.000 euros mensuales a la tasa oficial del BCV durante el último año.
Abas celebró el gesto, pero señaló su limitación: "Nos parece positivo y esa forma de reconocer que existe este problema nos llama a la reflexión en cuanto a las otras empresas que facturan más de ese monto."
El problema es que el umbral de 3.000 euros mensuales excluye a empresas que, aunque pequeñas, generan empleo significativo. Una empresa con apenas 10 trabajadores paga una nómina mínima de unos 2.400 dólares al mes, lo que implica facturar entre 10.000 y 12.000 dólares mensuales para sostenerse. Esa empresa no califica para la exoneración.
"Hay mucha gente que da muchos puestos de trabajo y que no va a estar beneficiada por esta exoneración, y le va a costar más llevar adelante su día a día", advirtió Abas.
La propuesta de la Cámara es concreta: ampliar la banda de beneficiarios elevando el umbral de 3.000 a 10.000 euros mensuales, reconociendo que el racionamiento no discrimina entre empresas pequeñas y medianas, y que ambas merecen acompañamiento institucional en este momento.
Propuestas del sector privado ante el racionamiento
Ante un problema que no se resolverá a corto plazo, la Cámara de Comercio de Valencia y Fedecámaras Carabobo han puesto sobre la mesa propuestas concretas para que los comercios puedan autoabastecerse de energía mientras dure el racionamiento.
La primera es una iniciativa llamada "Luz para el Comercio", que consiste en solicitar a la Sudeban la liberación de dos puntos del encaje legal de la banca. Esa medida liberaría aproximadamente 26.000 o 27.000 dólares que podrían destinarse a crear una gaveta de crédito exclusiva para financiar la compra de equipos de generación y almacenamiento eléctrico: paneles solares, inversores de corriente y plantas eléctricas.
"Un equipo pequeño para un establecimiento de unos 10 o 14 bombillos ahorradores, un CPU, una impresora fiscal y un monitor para atender al público está en el orden de los 3.000 dólares", calculó Abas. Con ese modelo, estima que entre 7.500 y 8.500 empresas podrían beneficiarse sin que el Estado tenga que desembolsar dinero nuevo, solo liberar reservas existentes.
La segunda propuesta viene de Fedecámaras Carabobo y apunta al ejecutivo nacional: eliminar los aranceles de importación y el IVA a los paneles solares, inversores y plantas eléctricas. Abaratar el acceso a esos equipos haría más viable que los distintos sectores productivos se doten de generación propia y puedan mantener sus operaciones durante el racionamiento.
Lo que el gobierno nacional debe hacer
Más allá de las medidas de mitigación, Abas tiene un mensaje directo al ejecutivo nacional: el sector comercial necesita saber con qué panorama va a convivir en los próximos meses y años. La incertidumbre sobre la duración y el alcance del racionamiento impide planificar inversiones, contratar personal y proyectar el negocio.
"La respuesta que puede ayudar a tranquilizar, que puede ayudar a planificar, no es otra que presentar el plan de recuperación del sistema eléctrico nacional. De tal manera que todos sepamos cómo va a ser, en cuánto tiempo y qué alcance tiene", demandó Abas. Ese plan permitiría a los empresarios tomar decisiones informadas sobre si invertir en generación propia, redimensionar operaciones o esperar una recuperación cercana del servicio público.
La privatización del sistema eléctrico como opción
El presidente de la Cámara también planteó una reflexión de fondo sobre el modelo eléctrico: el ejemplo de las telecomunicaciones demuestra que la participación privada genera competencia, diversidad de opciones y mejora continua del servicio. "Esa es una oportunidad de mejora que deberíamos copiar para el sistema eléctrico nacional", dijo Abas, recordando que Valencia tuvo durante décadas electricidad privada conviviendo con la empresa pública, con resultados satisfactorios para los usuarios.
"Este problema no se va a resolver a corto plazo. Debemos aceptarlo y en función de ello trabajar y ordenar nuestras empresas para poder vencer este nuevo desafío como empresarios." Pero esa adaptación, advirtió, tiene límites. Y el racionamiento que hoy consume la mitad del horario comercial de Valencia ya está empujando a muchos negocios peligrosamente cerca de esos límites.
