Reunión tripartita de isla de Margarita cerró sin acuerdos sobre salario mínimo
/ Foto: Cortesía (Fedecamaras)

La tercera sesión del Foro de Diálogo Social –que congregó a empresas privadas, organizaciones sindicales y autoridades del gobierno, con la supervisión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)- cerró sin acuerdos sobre un posible aumento del salario mínimo nacional.

En un comunicado, la Confederación General de Trabajadores, la Central de Trabajadores de la Asociación Sindical Independiente y la Confederación de Trabajadores de Venezuela aseguraron que el gobierno se negó a fijar una fecha o monto y así discutir un aumento salarial hoy, reseña la web del medio regional falconiano Nuevo Día.

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“El gobierno no nos ha propuesto en el Foro de Diálogo Social montos y fecha de un aumento salarial, a pesar de nuestra insistencia”, indicó el texto publicado en Twitter por el Observatorio Venezolano de Libertad Sindical.

Salario mínimo nacional: único acuerdo

Durante las negociaciones se acordó la instalación de dos mesas técnicas para discutir mecanismos para fijar un salario mínimo y el fin de la persecución sindical.

“La mesa técnica constituida para discutir el método de fijación del salario mínimo no debe ser asumida como una excusa para que el Gobierno no tome de inmediato alguna medida para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores”, agrega el comunicado.

Asimismo, destaca que “se requiere con urgencia de un ingreso de emergencia que atenúe el hambre que está sufriendo la clase trabajadora”.

La comisión del gobierno, encabezada por el ministro de Trabajo, Francisco Torrealba, se mostró inflexible ante la posibilidad de llegar a un acuerdo consensuado durante el Foro, denunció horas antes del cierre el Observatorio Venezolano de Libertad Sindical.

También destacó que Torrealba se negó a la propuesta de las organizaciones sindicales de crear una mesa tripartita con la Asamblea Nacional para evaluar reformas judiciales para incrementar la protección a la actividad sindical mediante la derogación de normas que criminalizan la protesta y la huelga.




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