Por carecer de fundamentos, el grupo Smurfit Kappa rechazó la toma de su filial Smurfit Kappa Carton Venezuela, en Valencia, por parte del gobierno de Nicolás Maduro
El grupo alega que ha operado en Venezuela desde 1986 con los más altos estándares comerciales y éticos. «Como se señaló en los resultados de medio año del grupo en 2018, Smurfit Kappa Carton Venezuela.
La empresa seguirá monitoreando de cerca, detalla el comunicado enviado a esta redacción.
El martes 21, funcionarios del Gobierno nacional tomaron temporalmente las instalaciones de la compañía Cartones Nacionales Molino del grupo Smurfit Kappa Cartón de Venezuela S.A.
Rafael Rangel, secretario general del sindicato detalló que la empresa fue tomada por un presunto “desacato laboral”, por lo que se designó una comisión que acudió a las instalaciones de la empresa. La comisión está conformada por Eduardo Piñate, ministro del trabajo, William Contreras director de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) , miembros de la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) y funcionarios del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (Inpsasel).
Smurfit Kappa tiene su base en Dublín y presencia en 33 países. Genera unos 46 mil puestos de trabajo, 2 mil 500 de ellos en Venezuela.
Dos gerentes detenidos
Dos gerentes de la compañía Cartones Nacionales Molino, perteneciente al Smurfit Kappa Cartón de Venezuela S.A., fueron detenidos este jueves, dos días después de que el gobierno interviniera temporalmente una de sus plantas en Valencia, informó la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) en un comunicado.
El organismo identificó a los detenidos como Luis Fernando Lugo Díaz, contralor de la empresa, y Cipriano Ramón Betancourt Chirinos, gerente de ventas. Fueron puestos a la orden del Ministerio Público, por presuntos delitos de especulación de precios, boicot, desestabilización de la economía y contrabando de extracción. También los señalan por corrupción entre particulares e incumplimiento de formalidades relativas al remarcaje de precios. Otra acusación está relacionada con vender u ofertar bienes o servicios a precios superiores a los determinados en la Ley Orgánica de Precios Justos.
El comunicado de la Sundee refiere que la planta de Valencia desestabilizaba la economía por el impacto de los empaques en la estructura de costos. Aseguraron que los directivos evitaban venderle a empresas del Estado asentadas en Carabobo y que eliminaron una de las líneas de producción en detrimento de la estabilidad laboral.
Sindicato: Inquietud e incertidumbre
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