Transporte
Parada de autobuses en Naguanagua. (Foto cortesía)

Cuando el reloj marca las 6:00 a.m., las principales paradas del transporte público en la Gran Valencia ya se encuentran repletas de usuarios a la espera para abordar una unidad. La mayoría se dirige hacia sus lugares de trabajo. Es semana de flexibilización y en las calles el movimiento de personas aumenta levemente, en comparación con los días de cuarentena radical.

Para Marina Mora, de 48 años, el uso del transporte público representa una odisea a la que se enfrenta de lunes a viernes, dos veces por día: cuando sale de su casa muy temprano en la mañana y luego al regresar de su trabajo, pasadas las 4:00 p.m. Vive en el sur de la capital carabobeña y labora como empleada de servicio doméstico en una urbanización situada en el extremo norte de la ciudad.

Solo el 10 % de las unidades que prestan el servicio en la Gran Valencia, que comprende los municipios Valencia, San Diego, Libertador, Los Guayos y Naguanagua, se encuentra en funcionamiento, informó Adolfo Alfonso, presidente del Sindicato Único del Transporte de Carabobo, quien manifestó preocupación ante ese panorama que se traduce en la imposibilidad de cubrir la demanda de los usuarios.

A diario una gran cantidad de personas que como Marina habitan en el sur de Valencia deben usar hasta cuatro autobuses o caminar varios kilómetros para llegar a sus empleos. Es una realidad que se replica en otros municipios de la entidad.

“Normalmente me levanto a las cinco de la mañana y debo caminar hasta Plaza de Toros.  Ahí espero aproximadamente una hora a que llegue la camioneta, que por lo general está repleta. Pero me monto como puedo”, detalló la trabajadora doméstica. “Hay días en los que se tardan hasta dos horas más de lo normal, porque dicen que están haciendo cola para echar combustible”.

Sin distanciamiento

Solo los afortunados que llegan de primeros a la parada son quienes logran ocupar uno de los asientos de la unidad. Aunque desde el inicio de la pandemia de COVID-19 las autoridades nacionales y regionales establecieron que los vehículos del transporte colectivo debían ser ocupados al 50 % para garantizar el distanciamiento físico, a un año de haberse registrados los primeros casos positivos en el país esa medida no se cumple.

La demanda supera, por mucho, la cantidad de unidades disponibles. Es por eso que tanto transportistas como usuarios deciden arriesgarse y ocupar las camionetas al máximo de su capacidad, sin tomar en cuenta el distanciamiento para evitar la propagación del coronavirus. Además, para los que no lograron sentarse el peligro se incrementa, ya que van de pie y muchas veces guindados de las puertas.

Marina agregó que en ocasiones, para no llegar tarde a su trabajo, se ve obligada a usar los denominados “carritos por puesto” o algún mototaxi, cuyos precios están dolarizados. Mientras que el transporte público, según Gaceta Oficial, todavía mantiene una tarifa plana de 100 mil bolívares.

El origen del problema

Adolfo Alfonso explicó que el déficit de unidades se debe a una paralización técnica del sector por fallas con el suministro de combustible y otros factores como la crisis económica, que impide a los prestadores del servicio dotar las unidades de los insumos necesarios y reponer las piezas dañadas.

Los autobuses pasan más de cinco horas en colas a las afueras de las estaciones de servicio para poder surtir de combustible, sostuvo el representante sindical. Ese tiempo perdido inevitablemente se refleja en las principales paradas, que lucen cada día más abarrotadas durante las horas pico, sin importar si es semana de flexibilización o cuarentena.

A su juicio, el precio del pasaje también representa un problema. Para los transportistas los 100 mil bolívares establecidos en el último aumento autorizado por el gobierno representan una cantidad insuficiente e irrisoria, tomando en cuenta lo que cuestan los consumibles, repuestos, productos y servicios básicos.

Una solución diluida

Cada vez es menos común ver en las calles los autobuses escolares amarillos, de segunda mano, importados desde los Estados Unidos por el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava. Fue en junio de 2018 cuando el mandatario regional anunció la llegada al estado de unas 130 unidades, de un total de 200, con una capacidad de entre 50 y 60 puestos.

En ese entonces presentó los “TransDrácula” como una solución a la crisis del transporte público registrada en la entidad, a fin de acabar con el uso de camiones de barandas como unidades de transporte colectivo ante la falta de autobuses. Y, en efecto, la incorporación de estos vehículos de manufactura estadounidense significó un alivio. Pero fue temporal.

Con el pasar de los meses los grandes autobuses amarillos rotulados con el murciélago que caracteriza la imagen política de Lacava fueron desapareciendo de las paradas. Actualmente, casi tres años después de aquella presentación de los “TransDrácula” en el Campo de Carabobo, los carabobeños enfrentan nuevamente las consecuencias del colapso del servicio, esta vez agudizado por la escasez de combustible.




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