La frustración y el descontento marcaron la jornada de este primero de mayo en la capital carabobeña. Cientos de manifestantes marcharon para rechazar los recientes anuncios en materia salarial hechos por la vicepresidenta encargada, Delcy Rodríguez.
Desde las 9:00 de la mañana, trabajadores de diversos sectores se concentraron en las adyacencias del Rectorado de la Universidad de Carabobo, uno de los puntos de partida de la marcha.
Allí, Lorena Monagas, pensionada de 69 años, lamentó que la promesa de un incremento resultara un "engaño" al no tener incidencia en las prestaciones sociales. “Simplemente disfrazó lo que tenía que hacer. Habló de aumento y resultó ser una burla”, afirmó mientras sostenía el tricolor nacional, reflejando el sentimiento de una base trabajadora que ve cómo sus años de servicio no se traducen en estabilidad económica.
Sin hechos violentos
Mientras algunos terminaban de retocar sus pancartas con exigencias en marcador, otros manifestaron su preocupación al notar que un par de los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, acompañados por oficiales de cuerpos de seguridad regional y municipal, portaban armas largas en aparentes puntos de vigilancia cercanos a la concentración.
La tensión cedió cuando los mismos uniformados prestaron apoyo para el cierre preventivo de la avenida Bolívar, al paso de los marchantes con dirección a la avenida Cedeño. Allí convergieron con los trabajadores que partieron desde el sur de Valencia.
En la movilización, que reunió a gremios docentes, universitarios, partidos políticos y activistas por los DDHH, no se registró ningún hecho violento.
Otro año siendo ignorados
Sobre la plataforma de un camión, Jhonny Magdaleno, secretario general de Fetracarabobo, fue enfático al señalar que el país suma cuatro años sin un aumento real del salario mínimo. “No hubo responsabilidad. Es el mismo vino con diferentes copas”.
También exigió cumplimiento del artículo 91 de la Constitución, que establece que todo trabajador tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas. El requerimiento fue nuevamente ignorado, pues ni siquiera con el aumento a 240 dólares en bonificaciones del sistema Patria, un empleado puede adquirir la Canasta Básica Alimentaria, estimada en casi 700 dólares según la última actualización de Cendas-FVM.
Bonos de control social
La dirigencia magisterial también fijó posición. Angélica Flores, secretaria del Sindicato unitario del Magisterio en Carabobo (SUMA), advirtió que la política de bonos solo funciona como un mecanismo de control social que no genera bienestar real. “El dinero fiduciario que nos dan a cambio de nuestro trabajo debe acabarse, porque no nos genera estabilidad social ni económica”.
José Francisco Jiménez, secretario general de la Asociación de Empleados de la Universidad de Carabobo (AEUC), calificó este primero de mayo como un "grito de guerra" y no como una celebración. “Hoy ratificamos, como universitarios y trabajadores del país, que no daremos marcha atrás hasta conseguir el salario digno constitucional”.
