Este martes trabajadores públicos de Carabobo se reunieron en la Casa del Maestro, en Valencia, para recolectar los expedientes de empleados activos, jubilados y pensionados a quienes les fueron suspendidos sus pagos sin notificación oficial.
Angélica Flores, coordinadora estadal de la Fundación de Formación de Dirigentes Sindicales (Fordisi), explicó que la documentación verificada se consignará ante la Defensoría del Pueblo en Caracas.
Informó que el pasado 20 de mayo, el abogado Kerdil González, en representación del poder público, recibió comisiones de maestros de 10 estados del país y les abrió el expediente colectivo P26-DAMC-02052. “Nos solicitó captar no solamente a trabajadores del gremio educativo, sino de otros sectores con la misma problemática donde se presentan informes médicos, vácheres, años de servicios y casos por espera de incapacidad parcial o total”.
Rendir cuentas
La sindicalista denunció que se trata de una violación a los derechos laborales, pues las suspensiones de los cargos no se notificaron por los canales regulares. Los afectados tampoco tuvieron derecho a la defensa. “El llamado es a que la Defensoría y el Tribunal de Trabajo evalúen las actuaciones de las instituciones”.
Rubén Darío Pérez, abogado y asesor legal de Fordisi, coincidió con la advertencia de Flores. Calificó de “terrorismo laboral” las destituciones y suspensiones de sueldos sin procesos administrativos o disciplinarios. “Esto es violatorio del debido proceso que está en la Constitución y puede convertirse en un delito de lesa humanidad. Es acoso laboral contra profesionales que no fueron a la universidad a sacar el título de una caja de cartón”.
Hasta la hora de esta redacción, se habían recopilado más de 100 expedientes. El también profesor aclaró que la jornada de este miércoles sirvió para verificar si las denuncias proceden para el inicio de una investigación. Además, alertó que los casos se llevarán hasta las últimas instancias. “Vamos a demandar a los funcionarios responsables porque, cuando haya elecciones y ellos sean destituidos de sus cargos, van a tener que rendir cuentas”.
