El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ), en el exilio, designado por la Asamblea Nacional electa en 2015, solicita a la comunidad internacional el envío de un comisionado que constate el drama humanitario y la gravedad de los hechos ocurridos a raíz del enfrentamiento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con grupos disidentes de las FARC en el estado Apure.
El llamamiento dirigido a la Organización de la Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) se realizó luego de la aprobación de la resolución publicada el 5 de abril de 2021, donde se informa de las actividades ilícitas cometidas por diferentes actores armados en la en la frontera colombo venezolana.
Los lugareños han denunciado el secuestro y asesinato de vecinos por organismos del Estado como las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). La situación ha obligado a miles de venezolanos a desplazarse a Colombia.
Antonio Marval, presidente del TSJ, señala que el gobierno de Maduro ha guardado silencio y tergiversado los hechos sucedidos en la zona. De igual manera resalta que los reporteros y periodistas que operan en la región han sido amenazados, detenidos arbitrariamente y despojados de su material de trabajo para evitar que difundan las noticias reales de la violencia empleada contra la población civil.
Los magistrados también enfatizaron en que los soldados venezolanos se encuentran involucrados en una guerra con orígenes oscuros en donde reciben ordenes que desencadenan en hechos irregulares como disparar al ganado de la zona o quemar viviendas a favor de facciones de las FARC y el ELN.
El tribunal responsabiliza al gobierno de Nicolás Maduro de las acciones violatorias de los derechos humanos cometidas contra los pobladores de La Victoria y El Tipial en el Alto Apure.
