El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) informó hoy que inició una investigación sobre el uso del Ministerio Público a una aeronave que el organismo mantuvo en su poder bajo medida de aseguramiento y que, según los denunciantes, estuvo a disposición de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz.
La investigación de la Sala Constitucional atiende a una medida de amparo ejercida por la Fiscalía contra la decisión judicial del 25 de noviembre de 2015 en la que se acordó levantar la medida de aseguramiento y devolver el avión privado, informó la máxima corte en un comunicado.
La devolución ordenada hace más de un año a María Eugenia Chirinos Peña, en su condición de apoderada judicial de la sociedad mercantil, propietaria del avión, fue materializada ayer por el Ministerio Público.
El TSJ señala que, «en aras de dictar una decisión acorde con la tutela judicial efectiva y para verificar si existe alguna infracción al orden público», solicitó al Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) una copia certificada de los registros de uso de la aeronave.
Esos registros deben ser acompañados de: destinos, sean nacionales o internacionales, especificación de fechas de los vuelos, horas de vuelo, aeropuerto de aterrizaje, así como identificación de la tripulación y la identificación de los pasajeros en cada uno de esos movimientos de la aeronave, agrega el máximo tribunal.
El abogado Abraham Mussa, representante de la empresa propietaria, informó el jueves que esta avioneta estaba alquilada por la Fiscalía y había sido solicitada desde 2015.
Esta aeronave fue utilizada por la ciudadana Luisa Ortega Díaz y el ciudadano Germán Darío Ferrer, diputado chavista y esposo de la fiscal, para uso privado lo que, indudablemente en el sentido propio de la actuación, podría derivarse un hecho punible que nosotros evaluaremos, dijo a través del canal estatal VTV.
Las motivaciones que pudo tener la Fiscal para no cumplir un mandamiento judicial exceden de nuestras investigaciones, dijo, y agregó que los daños estimados por este caso para sus representados están cerca de los 300 mil dólares.
Este proceso judicial surge luego del distanciamiento que ha tenido Ortega Díaz con el Gobierno en los últimos meses.
A finales de marzo la fiscal denunció la ruptura del hilo constitucional por parte del Supremo y ayer solicitó al Poder Judicial declarar la nulidad del proceso de cambio de Constitución que promueve el jefe de Estado, Nicolás Maduro.
Este accionar le ha valido numerosas críticas por parte del Gobierno que la tilda de «traidora», en tanto que desde el chavismo han anunciado la intención de solicitar al Supremo la conformación de una junta médica que evalúe a la fiscal por supuesta «insania mental».
