Los derechos de los periodistas y la libertad de los ciudadanos para expresarse y acceder a información fueron gravemente restringidos desde los días previos al 28 de julio, con cifras que superan las del anterior proceso electoral presidencial de 2018, con un aumento de 450% de las prácticas represivas por parte del Estado.
Según el informe denominado “Represión y censura postelectoral en Venezuela”, elaborado por la ONG Espacio Público, antes del proceso de hace seis años se contabilizaron tres denuncias de violaciones a las libertades de prensa y de expresión, que se suman a las 21 reportadas el propio 20 de mayo, día del proceso comicial, para un total de 24.
Mientras que este año, fueron contadas 98 denuncias los días previos a la elección y otras 24 el 28 de julio, lo que suma 132 violaciones en contra de periodistas, activistas, representantes de organizaciones no gubernamentales, incluso, usuarios de redes sociales en general.
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Según el informe, el deterioro del contexto para el ejercicio periodístico este año es dramáticamente más hostil que en periodos electorales anteriores, generando una atmósfera de autocensura, miedo y limitación en la capacidad de los ciudadanos de tomar decisiones informadas.
Persecución a periodistas y activistas en contexto electoral: Un patrón de represión
La represión hacia los trabajadores de medios de comunicación y activistas se intensificó este año con represalias en la forma de detenciones arbitrarias, clausura de medios y restricciones al acceso a información pública.
Espacio Público registró un total de 49 detenciones arbitrarias en el contexto electoral vinculadas a la libertad de expresión. De estas, 21 afectaron directamente a periodistas o trabajadores de medios, que fueron arrestados y, en muchos casos, acusados bajo cargos severos como terrorismo o incitación al odio, lo cual ha derivado en procesos judiciales que mantienen a 11 periodistas encarcelados.
Se incluyen casos como el de Jesús Piñero, periodista detenido en Caracas mientras esperaba una auditoría ciudadana a las afueras de un centro electoral, y el del periodista español Cake Minuesa, quien fue deportado tras intentar cubrir las elecciones.
Represión en regiones y acciones gubernamentales locales
El informe también documenta un incremento en la represión a nivel regional, especialmente en los estados Trujillo, Portuguesa y Mérida, donde autoridades locales lideraron una campaña de amenazas e intimidaciones hacia los medios y periodistas en el contexto electoral.
El gobernador de Trujillo, Gerardo Márquez, instó a los cuerpos de seguridad a ejercer la llamada "operación tun tun" —un término que alude a las detenciones arbitrarias de opositores—, contra aquellos que publiquen contenidos considerados críticos hacia el gobierno. Márquez también calificó a los medios digitales de su región como "panfletos" que "incitan al odio" y los amenazó con acciones legales si continuaban con la difusión de información desfavorable al gobierno.
Además, en Mérida, el gobernador Jehyson Guzmán emitió el Decreto N° 235, creando una Comisión Jurídica contra el Odio, la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. Aunque en teoría esta comisión busca proteger a los ciudadanos de mensajes de odio, en la práctica se ha utilizado para criminalizar las críticas hacia el gobierno, extendiendo así la censura y la represión hacia cualquier ciudadano o periodista que exprese opiniones contrarias al discurso oficial.
La Ley Contra el Odio: Herramienta para la censura y criminalización de la prensa
El informe destaca cómo la Ley contra el Odio, promulgada en 2017, ha sido un instrumento fundamental para perseguir a los trabajadores de medios y activistas en Venezuela.
Esta ley, que en su momento fue criticada internacionalmente por su ambigüedad y potencial uso represivo, ha sido aplicada para acusar de incitación al odio a periodistas que simplemente ejercen su labor informativa durante el proceso electoral.
En particular, el informe señala que al menos 20 periodistas han sido víctimas de hostigamiento judicial bajo esta ley desde su implementación. En el contexto de las elecciones de 2024, esta legislación ha sido usada para reprimir cualquier cobertura de las protestas postelectorales, limitando severamente la posibilidad de que la ciudadanía acceda a información verídica sobre las manifestaciones y movilizaciones de los sectores de oposición.
El impacto de la represión electoral: Desplazamientos forzados y autocensura
La represión hacia los medios en el contexto electoral tuvo efectos profundos en la vida y el ejercicio profesional de los periodistas. Muchos han optado por omitir sus nombres en las notas para evitar ser identificados, mientras que otros han tenido que abandonar sus hogares y regiones para evitar represalias.
Este clima de miedo y autocensura ha afectado la capacidad de los medios para informar, y ha tenido un impacto negativo en la calidad y cantidad de información a disposición del público venezolano.
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Entre los testimonios recopilados por Espacio Público, se encuentra el caso de un periodista identificado solo como “B”, quien decidió abandonar su trabajo en una estación de radio en una región fronteriza debido a la presencia de funcionarios de inteligencia vestidos de civil que tomaban fotografías de los participantes y de los periodistas en las manifestaciones.
Otro caso es el de la periodista Ana Carolina Guaita, detenida sin orden judicial y acusada de terrorismo, presuntamente como medida de presión para que ciertos dirigentes opositores regresen al país y se entreguen a las autoridades.
Además de las detenciones arbitrarias durante antes durante y después del proceso electoral, el informe documenta casos de desapariciones forzadas y amenazas de muerte contra periodistas y activistas. El caso de Edwin Santos, un locutor y activista de Apure que fue reportado como desaparecido el 24 de octubre y posteriormente encontrado muerto en circunstancias sospechosas, es solo uno de los ejemplos más extremos de las represalias que enfrentan quienes se oponen o critican al gobierno.
Censura digital: Bloqueos y restricciones en plataformas de comunicación
El informe de Espacio Público también documenta cómo el gobierno ha extendido su censura a las plataformas digitales y redes sociales. Durante el contexto electoral, se realizaron bloqueos masivos de redes sociales, y se incrementó la vigilancia de cuentas en redes, especialmente de periodistas y activistas críticos.
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Esta censura digital busca limitar el acceso a información y evitar la difusión de contenidos que cuestionen las acciones gubernamentales. Según el informe, el uso de servicios de VPN para evitar los bloqueos se ha vuelto indispensable para periodistas y ciudadanos que desean mantenerse informados o compartir información sin restricciones.
Consecuencias emocionales y psicológicas de la represión post electoral
Las consecuencias emocionales y psicológicas de la represión son profundas y duraderas. Muchos periodistas han reportado sentir temor constante de ser arrestados o sufrir represalias, lo cual afecta su salud mental y su bienestar.
La incertidumbre y el riesgo de ser detenidos arbitrariamente o de ser sometidos a maltratos en prisión han llevado a algunos periodistas a renunciar a su oficio o a modificar sus rutinas para evitar ser identificados.
Las detenciones prolongadas, la incomunicación con sus familiares y la falta de una defensa adecuada en los procesos judiciales son experiencias traumáticas que han debilitado la moral de muchos periodistas y han generado un clima de desconfianza y silencio entre los trabajadores de los medios.
Recomendaciones de Espacio Público
El informe incluye llamado urgente a la comunidad internacional para que se solidarice con los periodistas venezolanos y exija al gobierno de Venezuela que respete los derechos de libertad de prensa y de expresión.
Espacio Público propone medidas para fortalecer la seguridad de los periodistas, como la creación de protocolos de protección en los medios de comunicación y la implementación de programas de concienciación sobre la importancia de la libertad de prensa. También sugiere que se establezcan alianzas con organizaciones internacionales de derechos humanos para monitorear y denunciar las violaciones de los derechos de los periodistas en Venezuela.
Además, el informe recomienda la revisión de leyes represivas como la Ley contra el Odio, que criminaliza el derecho de los ciudadanos a expresarse libremente. Espacio Público aboga por la reforma del sistema judicial para que se respeten los derechos al debido proceso y a una defensa adecuada, lo que implica eliminar la imposición de defensas públicas en procesos judiciales y garantizar el acceso de los periodistas y sus familiares a información sobre el estado de los procesos.
