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Luis Alejandro Borrero || @LABC7

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Panamá, Bélgica, Cuba, Portugal. Los cuatro tienen algo en común. La superficie de esos países es similar a la de un espacio al sureste de Venezuela que el Gobierno acaba de entregar a empresas trasnacionales. El Arco Minero del Orinoco, como se denomina el proyecto, prevé la extracción de minerales por 20 años de una zona que representa 12% del territorio nacional y 45% del estado Bolívar, parte del Delta y Amazonas. “Es una devastación gigantesca que el Gobierno nacional pretende administrar de manera inconsulta”, fustigó el diputado de la Asamblea Nacional, Américo de Grazia.

El numeral 9 del artículo 187 de la Constitución manda que los acuerdos internacionales que suscriba el Estado, como la activación del Arco Minero, debería ser aprobado por la Asamblea Nacional. Allí se expresa que los contratos de interés público nacional, estadal o municipal con Estados o entidades oficiales extranjeras deben ser aprobados por el parlamento. La Carta Magna le define como una de sus atribuciones principales.

Las ganancias del convenio que suscribió el Ejecutivo con las empresas internacionales de minería como Gold Reserve, se basan en un monto inmediato de cuatro mil 500 millones de dólares de ganancias neta. Es igual a 32% de las estimaciones de deuda que tiene que honrar Venezuela en 2016. Firmas como Ecoanalítica han aproximado que, incluyendo la deuda con China, Venezuela debería cancelar en 2016 unos 13 mil 999 millones de dólares. De Grazia establece que con esa presión internacional, el Arco Minero terminó siendo una especie de caja chica para el Gobierno.

No hay emergencia económica que justifique una violación a la Constitución. Es un tema que puede verse en blanco o negra, matiza De Grazia. ¿Dónde está el estudio de impacto ambiental del Arco Minero?, o ¿Ante quiénes fue presentado? para el diputado los funcionarios del Gobierno tienen es la soga al cuello porque tienen que cancelar vencimientos de los tenedores de bonos de la deuda externa este año. Así se busca evitar que Venezuela caiga en default.

Pero el daño es algo reversible. Un Gobierno distinto podría anular los convenios. Por ello De Grazia insiste en la salida del régimen que califica como ecocida y etnocida. En febrero el Gobierno anunció que el proyecto al sureste de la nación contaría con con 150 empresas mineras de 33 países. Pero luego de la advertencia de inconstitucionalidad que hiciera la Asamblea Nacional (AN) el número de oferentes se redujo a cuatro empresas. Entre ellas Gold Reserve —a la que se le da la concesión porque el Gobierno perdió una demanda ante la Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial con sede de Washington— y las otras dos a Camimpeg: una empresa del Ejército que maneja directamente el ministro de Defensa, Vladimir Padrino.

¿Qué experiencia puede tener una empresa como Camimpeg en la extracción mineral? Para Dr Grazia se trata de la legitimación de la extracción de recursos que se terminan perdiendo por contrabando a través de los caminos “verde oliva”, en referencia a los uniformados. La extracción ilegal existe y el diputado se permite una aclaración al ministro de Defensa, quien dijo que las Fuerza Armada había sido testigo de la minería ilegal. “No solo testigo, sino actor fundamental”, respondió De Grazia.

Dentro de los próximos 20 años, según el Gobierno, se estima que las ganancias que arroje la explotación del Arco Minero asciendan a 80 mil millones de dólares. El diputado rechazó que esto sea visto como un logro económico de la Revolución. “Eso no alcanza ni siquiera para pagar la deuda de los intereses de la deuda en la que nos ha metido este Gobierno en los últimos 15 años”.

DESASTRE PARA EL GURI

La represa del Guri es un sistema de cuatro embalses interconectados. Guarachi, Guri, Tocoma y Macagua forman el gigantesco embalse con ramales, define De Grazia. El Arco Minero tiene como premisa afectar la cuenca hidrográfica del río Caroní. “Vale decir sus cabeceras, el río Paragua, el Caura, las reservas forestales del Caura y el Imataca, el parque nacional Canaima y más”.

Parte de los 118 mil kilómetros que se dieron de concesión a empresas extranjeras y la nacional Camimpeg (militar) se abarca el lago y la represa del Guri. Para el diputado significa que allí se pudiera dar la explotación de diamante y otros minerales.

Las empresas básicas de Guayana redujeron consumen el 25% de la generación eléctrica nacional. Pero con la crisis económica, de materia prima e incluso energética la realidad ha cambiado. Ahora las empresas retrocedieron a los niveles de consumo eléctrico de 1979. Solo ocupan 3% de la demanda del Sistema Eléctrico Nacional, explicó De Grazia. “Nuestras empresas de aluminio y hierro están totalmente paralizadas”.

Si se materializa la activación del Arco Minero del Orinoco, la catástrofe ambiental pondría en peligro el potencial hidroeléctrico de Guri. De Grazia lo llama como una conspiración que, por ignorancia e intereses económicos antiéticos del Gobierno, estarían generando atentando contra el equilibrio del sistema. “Estaríamos hablando de un Chernobyl venezolano de daños impredecibles, además ¿A qué costo? ¿Cuatro mil 500 millones de dólares? Esa es una cifra irrelevante para el impacto ambiental que esto representa”.

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