EFE
La mesa política nacional de la coalición de izquierdas gobernante en Uruguay, el Frente Amplio (FA), calificó este viernes de «ilegítimo» el Gobierno encabezado por Michel Temer tras la destitución de la ahora expresidenta brasileña Dilma Rousseff.
Pese a que Temer ejercía como presidente de manera interina desde que se inició el juicio político, el mandatario asumió oficialmente el cargo tras la destitución de Rousseff este miércoles, ante la que el FA manifestó su «más profundo rechazo».
Asimismo, la coalición de izquierdas tildó de «golpe de Estado parlamentario» el proceso para la salida de Rousseff.
«Manifestamos nuestra solidaridad con la presidente Dilma Rousseff, el Partido de los Trabajadores de Brasil -el cual integra la expresidenta- y el hermano pueblo brasilero, sobre el que seguramente caerán las consecuencias de las medidas que ya se han comenzado a aplicar por el ilegítimo Gobierno encabezado por Temer», dice el comunicado de la coalición oficialista.
Pese a ello, el Frente Amplio subraya que «apoya la postura del Gobierno uruguayo», manifestada a través de un comunicado por la cartera de Exteriores en el que se decía que «más allá de la legalidad invocada, el Gobierno uruguayo considera una profunda injusticia dicha destitución».
La mesa política nacional del FA también considera que «está claramente demostrado» que desde que Rousseff fue reelegida en 2014 se ha realizado una campaña para desplazarla, tanto a ella como al Partido de los Trabajadores (PT), del Gobierno.
«Primero poniendo en duda los resultados electorales y luego llevando adelante una campaña para deslegitimarla, tanto con acciones a nivel parlamentario, a nivel de los grandes medios de comunicación y a nivel judicial, pese a lo cual no se le pudo acusar de ningún delito», dice el texto del FA.
En su discurso, la coalición uruguaya también dice que esa campaña de los sectores conservadores ha golpeado «fuertemente a la democracia brasilera» y que «lamentablemente repite una historia ya conocida» en ese país.
«De la misma forma en que dichos sectores conservadores han actuado en Honduras en 2009 y Paraguay en 2012», añade el texto.
Además, agrega que otro de los supuestos objetivos de esa oposición conservadora es alejar a Luiz Inácio Lula da Silva -expresidente y mentor político de Rousseff- de la competencia por la presidencia brasileña en las elecciones de 2018.
Al margen de la posición oficial de Uruguay, dos destacados integrantes del FA, el expresidente del país José Mujica y el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, también han hecho públicas sus opiniones sobre la destitución de Rousseff.
Por su parte, Mujica piensa que Latinoamérica queda «malherida» tras la salida de la expresidenta, mientras que Bonomi consideró que el juicio político a Rousseff tuvo como motivo principal la investigación de la corrupción promovida durante su Gobierno.
Este miércoles, el Senado brasileño halló a Rousseff culpable de incumplir la ley de responsabilidad fiscal por haber modificado los presupuestos vía decreto, sin autorización legislativa, y porque consideraron que el Gobierno tomó créditos de la banca pública, algo prohibido por ley, al demorarse en hacer depósitos a esos bancos.
Durante el proceso, Rousseff negó que esas maniobras configuren irregularidades y también rechazó que ella tuviera cualquier intencionalidad al firmar los polémicos decretos, por lo que considera todo el proceso en su contra un «golpe de Estado».
