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La Fiscalía de Nueva York realizará el 21 de octubre una
serie de interrogatorios a ciudadanos venezolanos con el fin de corroborar la
participación de los sobrinos de la pareja presidencial venezolana, Efraín
Antonio Campos Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas en actividades
ligadas al narcotráfico.

Las citaciones fueron enviadas por el gobierno con expresa
solicitud para que las personas invitadas a declarar lo hagan personalmente en
la oficina federal ubicada en el 40 Foley Square en Manhattan, publica en su
blog la periodista Maibort Petit.

Los contactos que aparecían en los celulares de Campos Flores
y Flores de Freitas fueron usados por el gobierno para enviarles citaciones
algunas personas que deberán comparecer a un interrogatorio en Nueva York, ante
una representación del Gran Jurado. Las solicitudes de asistencia fueron
recibidas por varias individuos que estuvieron en contacto con los acusados
antes de ser apresados en Haití el año pasado.

El despacho del Fiscal Preet Bharara también adelantó una
serie de movimientos para determinar con precisión todos los elementos
relacionados con el pago de la defensa hecho por el empresario ligado al
régimen de Nicolás Maduro, Wilmer Ruperti.

Entre los movimientos destaca la revisión de las empresas del
benefactor de los sobrinos de Cilia Flores en los EEUU y Panamá, así como
también los movimientos de dichas compañías en el sistema financiero
estadounidense.

La fiscalía cursó las citaciones a lo largo de esta semana. Según
fuentes consultadas son ocho  ciudadanos
venezolanos que fueron invitados a la declarar en torno a las actividades de
los dos sujetos que son acusados por los Estados Unidos de conspirar para
transportar y distribuir 800 kilos de cocaína en varias ciudades
estadounidenses.

El lunes pasado, la defensa de los sobrinos presidenciales
pidió a la corte negar la solicitud hecha por la fiscalía para realizar una
segunda audiencia “curcio” que busca aclarar con los dos acusados los posibles
conflictos potenciales que genera el pago de los honorarios,  de los abogados por parte de Wilmer Ruperti.

La defensa introdujo otro documento donde rechaza los
movimientos de la fiscalía para recoger más evidencias que serán mostradas en
el juicio contra Campos Flores y Flores de Freitas.

De acuerdo a los abogados de los sobrinos presidenciales, el
gobierno de los Estados Unidos ha iniciado una serie de movimientos que incluye
acciones ilegales e impropias contra los dos acusados, incluyendo las
invitaciones a ciudadanos de Venezuela para que testifiquen contra los dos
sujetos presos desde el 10 de noviembre de 2015 en Nueva York.

La defensa de los Flores se quejó nuevamente ante el juez
Paul Crotty de las acciones de la fiscalía, en especial de la citación para 21
de octubre, alegando que los individuos citados a declarar son extranjeros y no
pueden ser testigos válidos en un juicio. Este argumento es rechazado por la
fiscalía que ha usado este tipo de procedimientos legales en varias
oportunidades.

La defensa alega que no hay recursos legales para soportar
los movimientos de la fiscalía, y que todas las solicitudes hechas por el
gobierno a lo largo de esta semana no están enmarcadas en la ley, por lo que
representan un acoso por parte del ente acusador contra los sobrinos presidenciales.

Inclusive, los abogados de Campos Flores y Flores de Freitas
criticaron el mecanismo usado por la fiscalía para entregar las citaciones en
Venezuela, señalando que la ley impone que sea un oficial del gobierno quien
haga la entrega oficial de dichos documentos, siempre dentro del territorio
estadounidense. Señalan que las citaciones se hicieron por correo electrónico
por lo cual no cumple con los requerimientos establecidos en la ley.

La defensa asegura además que la actitud del fiscal Preet
Bharara es desesperada y que con sus citaciones trata de intimidar a los
ciudadanos venezolanos a que acudan a la corte de manera obligatoria, o de lo
contrario serán penados. Esta acción -dicen los abogados- busca de manera
desesperada salvar el caso de los Flores en un posible juicio, ya que las
evidencias que posee para sostener el mismo están cargadas de errores e
inconvenientes que les eliminan el valor para probar la carga.

La defensa pidió ante la corte que el fiscal Bharara debe
eliminar las citaciones y cambiar su actitud abusiva e ilegal táctica. De acuerdo
a los abogados de los acusados, los correos fueron enviados por la oficina del
fiscal el 6 de octubre de 2016.

Con información de La Patilla. 

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