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EFE
El escándalo en la estatal Petrobras fue uno de los detonantes de la crisis que condujo al proceso de destitución de Dilma Rousseff, pero su sombra se extiende sobre buena parte de la base política que apoya al presidente interino de Brasil, Michel Temer.

Las sospechas de corrupción en Petrobras forzaron la dimisión de tres ministros de Temer el pasado mayo durante las tres primeras semanas en el poder del Gobierno interino, pero el propio jefe de Estado interino y otros siete miembros de su gabinete han sido delatados por reos que están colaborando con la Justicia.

Entre los ministros dimisionarios sobresale Romero Jucá, que ocupaba la cartera de Planificación y es un influyente dirigente del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y un estrecho colaborador de Temer.

Jucá tuvo que dejar su flamante cargo de ministro cuando se divulgaron unas grabaciones realizadas el pasado marzo en las que él sugería que si Temer asumía el poder en lugar de Rousseff se podría frenar el caso Petrobras y estancar la sangría de investigaciones a políticos corruptos.

La propia Rousseff ha afirmado que esas grabaciones ponen de manifiesto que el auténtico motivo que se esconde detrás de su destitución, un proceso que considera como “un golpe de Estado”, es enterrar las investigaciones.

En esos mismos audios un delator también citó a Temer y lo acusó de haber pedido “dinero negro” a constructoras implicadas en el caso Petrobras para financiar campañas electorales del PMDB, algo que el mandatario ha negado de forma tajante.

Según la prensa brasileña, esas denuncias contra Temer han sido reiteradas por otro condenado en el caso Petrobras, un presidente de una importante constructora que también se ha acogido a un acuerdo de colaboración con la Justicia.

Sin embargo, si se culmina la destitución de Rousseff, Temer no podrá ser investigado por supuestos ilícitos que sean anteriores al ejercicio de su mandato, prerrogativa que concede la Constitución brasileña a los jefes de Estado.

El senador Lindbergh Farias, correligionario de Rousseff en el Partido de los Trabajadores (PT), denunció este miércoles que, por este motivo, el proceso de destitución contra Rousseff supone un intento de “blindaje de Temer y del PMDB”.

Aunque Temer se pueda librar de las investigaciones, su entorno sí continúa en la mira de la Justicia y tiembla cada vez que se filtra una declaración realizada por alguno de los 102 delatores que le están permitiendo a la Policía deshacer la madeja de esta compleja y extensa red de corrupción.

Tan sólo en el Tribunal Supremo, que concentra los casos que afectan a los políticos aforados, se han abierto investigaciones contra 364 personas y la Fiscalía ha presentado acusaciones formales contra 45 de ellos.

Entre los imputados en el Supremo figuran algunos políticos cercanos a Temer, como Eduardo Cunha, quien se vio obligado a renunciar a la presidencia de la Cámara de los Diputados por el caso, y entre los investigados, el presidente del Senado, Renán Calheiros.

La Fiscalía llegó a pedir el arresto preventivo de Calheiros, del exministro Jucá y del expresidente José Sarney, por sospechas de que están maniobrando para obstruir a la Justicia, pero el Tribunal Supremo denegó esa petición.

El caso Petrobras no forma parte de las denuncias que le podrían costar el mandato a Rousseff, pues estas se circunscriben a unas maniobras contables que no son consideradas delictivas, pero sí han alimentado y acelerado el desarrollo del “impeachment”.

Las denuncias salpicaron a dirigentes del PT, arañaron la popularidad de Rousseff y avinagraron su relación con la Cámara de los Diputados, que entonces estaba dirigida por uno de los principales imputados por el caso Petrobras, Eduardo Cunha.

De hecho fue Cunha quien tenía la prerrogativa de dar inicio al proceso contra Rousseff, en un movimiento en el que la propia mandataria vio una “venganza” por haberse negado a protegerlo de las denuncias de corrupción. 

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