Un tribunal peruano condenó esta madrugada a dos antiguos mandos militares a 30 y 23 años de prisión por el asesinato de al menos 53 civiles en 1983 en el cuartel Los Cabitos, durante el conflicto contra Sendero Luminoso, mientras que se reservó la sentencia para tres más y absolvió a otro.
Los dos condenados por el colegiado B de la Sala Penal Nacional son el coronel retirado Humberto Orbegozo, de 75 años, quien recibió una pena de 30 años de cárcel, y el jefe del destacamento de inteligencia de la llamada «Casa Rosada» en Ayacucho, Pedro Paz Avendaño, de 79 años, cuya pena fue de 23 años de prisión.
El tribunal consideró a Orbegozo y Avendaño culpables de los delitos de asesinato, abuso de autoridad agravada y detenciones arbitrarias, pero excluyó el delito de secuestro agravado presentado en la acusación por la Fiscalía.
El juez Ricardo Brousset, presidente del tribunal, ordenó la captura inmediata de los dos condenados, pues en la audiencia, que terminó pasadas las 03.00 hora local (08.00 GMT), no concurrió ninguno de los procesados.
El colegiado reservó emitir sentencia el ex comandante general de las Fuerzas Armadas Carlos Briceño, de 90 años y al exjefe del Estado Mayor Operativo Carlos Millones, de 86 años; al considerar que padecen problemas de salud mental.
También reservó el enjuiciamiento del exoficial de inteligencia del Ejército Arturo Moreno, por encontrarse prófugo en Chile, hasta que sea encontrado y puesto a disposición de la sala.
Asimismo, absolvió al coronel retirado Roberto Saldaña, ex jefe del Estado Mayor Administrativo del cuartel Los Cabitos, por insuficiencia de pruebas en su contra.
La sentencia ordena también pagos en concepto de reparación civil de 250.000 soles (unos 77.000 dólares), 200.000 soles (unos 61.500 dólares) y 150.000 soles (unos 46.200 dólares), que deberán ser abonados por los condenados en favor de los herederos legales y familiares de cada una de las 53 víctimas fallecidas hace 34 años.
Todas las partes implicadas anunciaron que apelarán y pedirán la nulidad de la sentencia ante una sala superior por estar en desacuerdo con diversos aspectos de la sentencia.
La fiscal superior nacional para casos de Terrorismo y Derechos Humanos, Luz María Ibáñez, pedirá la nulidad por haberse excluido el delito de secuestro agravado y expresó su desacuerdo por la reserva de la condena de dos de los procesados y la absolución de otro.
También pedirán la nulidad de la sentencia los abogados de los dos condenados y la procuraduría (abogacía) del Estado por haberse incluido al Estado como tercero civilmente responsable.
A la salida de la audiencia, Nora Quispe, familiar de una de las víctimas, aseguró que «una justicia a medias o por partes no es justicia».
«Vamos a continuar luchando con el apoyo de los familiares. Hasta el último día que tengamos de vida, vamos a luchar por tener una justicia no solo personal sino para todos los afectados», dijo.
En el cuartel Los Cabitos, situado en Huamanga, capital de la región andina Ayacucho, la más afectada por la violencia de Sendero Luminoso, se efectuaron detenciones arbitrarias, torturaron, desaparecieron y ejecutaron extrajudicialmente a al menos 136 ciudadanos, según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR).
Las labores de recuperación e identificación comenzaron en 2005 a raíz del informe final de la CVR en el que se señalaba la existencia de un gran cementerio clandestino ubicado en ese lugar.
En el sector denominado La Hoyada se hallaron numerosas tumbas y se contabilizaron alrededor de 110 cadáveres, la mayoría de ellos calcinados por un horno crematorio, lo que dificultó su identificación.
El conflicto interno que enfrentó al Estado peruano con los grupos subversivos de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), de ideología maoísta y marxista, respectivamente, dejó alrededor de 69.000 muertos entre 1980 y 2000, según el informe final de la CVR.
