El Monitor del Observatorio de Universidades (#MonitorOBU), registró en enero 39 protestas en el sector universitario. Esta cifra es la mitad de las 78 manifestaciones realizadas en todo 2022.
Según OBU, El 41% de las protestas se desarrollaron como concentraciones, 33% marchas, 13% “pancartazos”, 8% cierre de calles y 5% paros parciales.
A la preunta de ¿Por qué protestan?, la respuesta de los universitarios estuvo referida a la violación sistemática de sus derechos a un salario digno, a la libertad de asociación sindical sin injerencia oficial, a una contratación colectiva justa y por el derecho de sus estudiantes a tener una educación de calidad y con una infraestructura adecuada.
La excusa del gobierno para no honrar el compromiso con quienes en medio de la precariedad forman a las nuevas generaciones es el “bloqueo”, pero el OBU advierte que se trata de obligaciones constitucionales establecidas, entre otros, en los artículos 102, 103 y 104 de la Carta Magna.
Los docentes y trabajadores del sector universitario, como el resto del personal del sistema educativo que depende del Estado, han tomado las calles en un contexto de inflación acelerada y los sueldos peor pagados de América Latina y el Caribe, detalla el informe.
Según el observatorio, la insistencia del Gobierno en presentar un mejoramiento de las condiciones socioeconómicas en Venezuela, se estrella contra el muro de la realidad que padece la gran mayoría de la población que subsiste haciendo maromas y con un salario mínimo de, aproximadamente, 5,79 dólares al mes. «Mientras el malestar se expresa en las calles, el oficialismo busca generar una matriz de opinión según la cual, los profesores y trabajadores de todo el sistema educativo dependiente del sector público se niegan a trabajar y que son ellos los que violan el derecho a la educación de la mayoría de la población.».
