Autoridades de Trinidad y Tobago informaron este sábado de la deportación de 160 venezolanos a los que acusó de ingresar al país caribeño ilegalmente, pocos días después de una polémica repatriación por vía marítima que incluyó a 16 menores de edad.
«El Ministerio de Seguridad Nacional desea informar que la deportación de ciento sesenta (160) ciudadanos venezolanos, quienes ingresaron ilegalmente a Trinidad y Tobago, se ha realizado hoy en conjunto con las autoridades venezolanas», indicó un comunicado.
La decisión se produce luego de la deportación el pasado 22 de noviembre de 26 migrantes venezolanos, entre ellos 16 menores, que más tarde fueron retornados a Trinidad y Tobago, luego de permanecer varias horas en altamar.
El grupo obtuvo un indulto por un juez del Tribunal Superior, que ordenó detener la deportación y dictaminó que los menores sean puestos en libertad bajo la custodia de sus padres una vez finalizada la cuarentena por COVID-19.
Trinidad y Tobago advirtió que «continuará aplicando las leyes y hará todo lo que pueda para asegurar las fronteras y prevenir la entrada ilegal».
El miércoles, el primer ministro trinitense, Keith Rowley, señaló que el país de 1,3 millones de habitantes se encuentra bajo «asalto» de migrantes ilegales que «usan niños inocentes» para sus fines.
Ese día, el gobierno de Nicolás Maduro pidió un encuentro con autoridades de Trinidad y Tobago para «revisar temas de seguridad, movilidad humana, lucha contra la delincuencia y narcotráfico».
David Smolansky, delegado del líder opositor Juan Guaidó ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), denunció por su parte, que «no pudieron deportar a 16 niños durante la semana, gracias a la presión de la sociedad y la comunidad internacional, pero ahora usan una puerta giratoria de deportaciones» con el respaldo del «régimen» de Maduro.
Naciones Unidas estima que más de cinco millones de venezolanos salieron desde finales de 2015, forzados por una crisis que lleva al país con las mayores reservas de petróleo a transitar hacia su séptimo año de recesión.
Rowley sostiene que su país ha facilitado el registro a 16.000. AFP
