El número de opositores encarcelados en Nicaragua, considerados por organismos humanitarios como presos políticos, se elevó a 134 en junio, 12 más que en mayo, según informó este martes en un informe el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
La lista, avalada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reflejó un hecho inédito en la historia de Nicaragua, como es el arresto de cuatro aspirantes a la Presidencia por la oposición, dos exvicecancilleres, dos históricos exguerrilleros sandinistas disidentes, un exdirigente empresarial, y tres mujeres líderes de diferentes grupos adversarios del gobernante.
De los 134 presos políticos, 124 han resultado aprehendidos en el marco de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde abril de 2018 cuando estalló una revuelta popular contra el presidente Daniel Ortega, incluyendo a 38 arrestados en más de una ocasión, mientras que otros diez habían quedado encarcelados antes de ese año, según el informe.
La cantidad real de personas detenidas resulta en realidad superior, ya que solamente incluye los nombres de reos cuyos familiares han dado su consentimiento para divulgarlos, indicó el mecanismo.
La aspirante a la Presidencia Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), quien venció a Ortega en las elecciones de 1990, está entre las nueve mujeres encarceladas y la única detenida bajo arresto domiciliario, detalló el informe.
En una actualización sobre las personas capturadas en días recientes, sus familiares calificaron dichos actos como «secuestros», y agregaron que «no han podido verles» desde que el momento de las detenciones, y sus abogados no han tenido acceso para ejercer la defensa legal.
Sin noticias de los nuevos reos
Los familiares, que pidieron la «libertad de todas las personas presas políticas en Nicaragua», señalaron que las autoridades judiciales «tampoco han aceptado los recursos de exhibición personal», por lo que «nadie ha podido comprobar si efectivamente se encuentran en la Dirección de Auxilio Judicial, ni su integridad física».
Asimismo demandaron al Gobierno de Ortega que «cumpla con su deber de dar cuenta del paradero de nuestros familiares, según establece la ley y la Constitución».
Denunciaron además la ejecución de «audiencias (judiciales) privadas y secretas sin notificar a familiares y abogados».
La demanda se acompañó de expresiones de preocupación por la salud de los «presos políticos» y el acceso a alimentos.
«Algunos de nuestros familiares han sufrido golpes fuertes al momento de sus capturas y no sabemos si ha continuado este trato en los días posteriores, ni tampoco si han recibido asistencia médica», resaltaron.
El encarcelamiento de opositores proliferó en Nicaragua a raíz de las protestas multitudinarias contra Ortega en 2018, reducidas con ataques de policías y civiles armados afines a los sandinistas que dejaron cientos de muertos, presos o desaparecidos, miles heridos y más de 100 mil en el exilio.
La lista del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas la respaldan al menos cuatro organizaciones de familiares y víctimas de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua. EFE
