En las familias Ortega y Rivas aún hay incertidumbre. Ya han pasado cuatro años desde la tragedia en los calabozos de la comandancia general de la Policía de Carabobo, en Navas Espínola, y el dolor sigue tan intacto como la esperanza de algún día saber de dos de los privados de libertad, quienes nunca aparecieron entre el cúmulo de cadáveres.
Rafael Ortega Sánchez y Jesús Antonio Rivas Lameda estaban detenidos en la comandancia. Sus familiares, incluso, los iban a visitar. Estaban en la lista de los presos en los depósitos de ese organismo, que se supone debería ser un paso transitorio de 48 horas, pero ellos llevaban mucho más de ese tiempo.
Era 28 de marzo de 2018, miércoles Santo, y desde muy temprano empezaron a llegar familiares a Navas Espínola. Buscaban información a varias llamadas que los presos habían hecho durante la madrugada.
A eso de las 4:00 am uno de los reclusos llamó a su hermana: «Están rociando gasolina en la placa». Un par de horas después: «Llamen a un fiscal que esto se está poniendo feo». Una hora más tarde no se supo nada más. Ya el humo comenzaba a asomarse hacia la calle y eso sería un mal presagio para quienes esperaban afuera.
Nadie daba información. Horas más tarde se conoció la noticia: 68 personas, entre ellas dos mujeres (una embarazada) de la visita que pernoctaban en el lugar, murieron. Uno más falleció días después en la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera y el número de víctimas se elevó a 69.
Entre los nombres no estaban los de Rafael Ortega Sánchez y Jesús Antonio Rivas. Sus familias, simplemente, nunca más supieron de ellos porque sus cadáveres no fueron entregados.
A otros dos cuerpos sin identificación que permanecían en la morgue les habrían realizado pruebas genéticas, pero no eran Ortega ni Rivas. Aparentemente, eran unos extranjeros y la cancillería de Colombia, al menos hace un par de años, estaba reclamando sus restos.
Audiencias diferidas
Cuatro años después el caso pasó a juicio. La audiencia de apertura estaba prevista para el pasado 24 de marzo, pero fue diferida para el 21 de abril del presente año. Para la audiencia preliminar hubo 31 diferimientos.
La fundación prodefensa de los DDHH Libertad, Justicia y Orden pudo legitimar el Comité de Víctimas Indirectas, y así han logrado algunos avances como la admisión de la acusación particular completa, aunque no la exhumación de los cadáveres, algunos de ellos con disparos, según familiares.
La directora general nacional de la fundación, Lyli López, informó que este lunes presentaron un escrito en tribunales de ofrecimiento de nuevas pruebas, que han conocido con posterioridad a la presentación de la acusación fiscal.
Los imputados por este caso son: el comisionado José Luis Rodríguez, quien para el momento era el subdirector de la Policía de Carabobo, José Antonio Loaiza, Aníbal Antonio Padrón Pacheco, José Rafael Colina Palencia y Sergio Enrique Rodríguez Rodríguez. Apenas cinco de al menos 50 funcionarios que habrían actuado ese día, dijo López.
En lo que eran los calabozos todo se ha normalizado. Tanto, que ahora ese lugar donde murieron 69 personas fue convertido en un supermercado.
A cuatro años de la tragedia, los familiares de las víctimas continúan pidiendo justicia por el caso.
