El salario de los profesores universitarios venezolanos seguirá en precariedad al menos hasta agosto. Esa es la conclusión que se desprende del análisis del profesor Gerardo Vázquez, vicepresidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Carabobo y experto laboral, quien advierte que los anuncios de incremento salarial no están respaldados todavía por ingresos seguros en la tesorería del gobierno nacional.
A su juicio, las tablas salariales prometidas, los bonos de profesionalización y el ingreso mínimo integral de 240 dólares son señales en la dirección correcta, pero su sostenibilidad financiera real solo se conocerá cuando los ingresos petroleros se normalicen.
"Los anuncios que se han hecho en materia de salarios siguen siendo unos anuncios que tienen la característica de soportarse con algunos ahorros y algunas políticas que tienen que ver con el manejo del sistema tributario interno", explicó Vázquez.
El problema de fondo es que el gobierno todavía no cuenta con una fuente de ingresos estable y predecible que permita comprometer aumentos permanentes. "Todavía los ingresos que pueden ser manejados en el gasto del salario del sector público no están sustentados en un financiamiento que ya se pueda contar como seguro en las arcas del gobierno", advirtió.
La estimación del profesor de la UC es que será en julio cuando se tenga una aproximación más certera de los montos disponibles, y que a partir de agosto los ingresos por venta de petróleo comenzarán a conformar de forma estable la tesorería nacional.
¿Cómo se pagará el ingreso mínimo integral de 240 dólares?
Sobre la mecánica concreta del pago del llamado ingreso mínimo integral, Vázquez aclaró el esquema que está previsto: el monto total de 240 dólares se compone de tres partes. Una primera quincena de 150 dólares, una segunda quincena de 50 dólares adicionales, y los 40 dólares del Cestaticket o bono de alimentación.
Sin embargo, subrayó que ese salario integral todavía no está modificando el salario mínimo como concepto legal, lo que significa que las prestaciones sociales, los bonos vacacionales y otros beneficios que se calculan sobre el salario base siguen sin mejorar. "Se está esperando que haya las modificaciones de la ley para que se produzcan también las transformaciones en el salario mínimo", señaló Vázquez, indicando que la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo es el paso previo necesario para que cualquier aumento tenga incidencia real en todos los derechos laborales.
En cuanto a los bonos de profesionalización para el sector universitario y otros profesionales del sector público, Vázquez llamó a la cautela. "Hay que esperar para ver si efectivamente se va a cumplir con el pago de este bono, porque ese bono está calculado y forma parte de los incrementos que, en el caso de la educación, la salud, las universidades y los organismos de seguridad pueden mejorar sustancialmente el ingreso." Pero aclaró que aún no está determinado como una propuesta extensiva a todos los sectores de la población.
El error de la confrontación
Más allá de los números, Vázquez hace una advertencia estratégica al movimiento sindical y laboral venezolano que considera urgente. Mientras los sectores que se oponen al gobierno intensifican la confrontación y las protestas, el gobierno y los empresarios están negociando acuerdos que van a redefinir las condiciones del salario y del trabajo en Venezuela, y los trabajadores están quedando fuera de esa mesa.
"Lo que está ocurriendo es que el gobierno y los empresarios se están poniendo de acuerdo, y todos los sectores laborales están quedando rezagados en un conflicto que de verdad no va a traer ningún beneficio para los sectores de los trabajadores, porque ellos mismos se están aislando", alertó.
Para Vázquez, la política de confrontación que están adoptando algunos sectores sindicales es un error estratégico: "Ellos mismos se están vaciando en una política totalmente errada, convocando procesos de confrontación cuando no hay oportunidades de que se puedan procesar o resolver."
La alternativa que propone es la participación activa en los espacios de diálogo donde se están tomando las decisiones reales sobre la reforma laboral, incluyendo los cambios a la Ley Orgánica del Trabajo. "Lo que es importante ahorita es organizarse para participar, para formar parte de los procesos de diálogo, ser invitado y convocado a las mesas en las que se están discutiendo las posibilidades de cambio normativo", señaló. Las decisiones sobre el salario mínimo, las prestaciones sociales y las convenciones colectivas no pueden quedar en manos exclusivamente de patronos y del sector oficialista.
Petróleo, sanciones y una economía en rediseño
Vázquez puso la discusión salarial dentro de un marco más amplio de transformación económica que, según su análisis, está siendo diseñado bajo la tutela de Estados Unidos tras los cambios políticos del 3 de enero. El modelo contempla tres etapas: estabilidad, recuperación económica y transición democrática.
En la primera etapa, los ingresos petroleros están siendo administrados bajo supervisión de la Reserva Federal de Nueva York, que aprueba las erogaciones y pagos del gobierno venezolano. Una parte de esos ingresos fue inyectada al sector financiero para intentar contener la devaluación del bolívar, pero el efecto no ha sido el esperado.
"Todavía no se ha podido implementar un control efectivo de la situación cambiaria, y por eso es que hay algunos economistas que están planteando la dolarización como propuesta del gobierno de Estados Unidos", reveló Vázquez.
Para el salario de los profesores universitarios y el resto de los trabajadores públicos, ese contexto tiene una implicación práctica concreta: los aumentos reales y sostenibles dependen de que los ingresos petroleros fluyan con regularidad, de que las sanciones se levanten en los próximos días tal como se anticipa, y de que la reforma laboral avance para que el incremento del ingreso mínimo integral se traduzca en mejoras reales del salario base y no solo en bonos que no generan derechos. Hasta que todo eso ocurra, agosto sigue siendo la fecha más realista para hablar de una mejora salarial con respaldo financiero verificable.
