¿Quién manda en Venezuela? Pues depende. Para algunos temas, el gobierno interino tiene la palabra. Para otras, será la gente que votó el 28 de julio de 2024 y provocó la andanada de cosas que han pasado en los últimos meses, desde el fraude abierto que cometió el chavismo hasta la extracción de Nicolás Maduro desde las profundidades de Fuerte Tiuna. También mandan María Corina Machado y el presidente electo Edmundo González, debido al respaldo popular que recibieron en las primarias de 2023 y en las elecciones de 2024. El Tribunal Supremo de Justicia, la Asamblea Nacional, los cuerpos de seguridad, las fuerzas armadas y los colectivos chavistas tienen su cuota, cada uno en determinados ámbitos y bajo determinadas circunstancias. Todos los poderes hacen cumplir parte de sus deseos y condiciones, de cierta manera y con límites bastante difusos. Pero las cosas han cambiado bastante desde septiembre del año pasado, y sobre todo desde el pasado 3 de enero.
Y es que al día de hoy, para los asuntos grandes, trascendentes, de grandes decisiones, como para dónde y por dónde van los tiros, quien manda es el Imperio, así, con mayúscula. Y ni siquiera el Imperio sino su presidente, Donald Trump, junto a un equipo variopinto de colaboradores cercanos e incondicionales. En realidad, es Trump el que tiene la última -y la penúltima y la antepenúltima- palabra en todo lo que él considere importante o definitivo para Venezuela: sus subordinados directos están mayormente para obedecer o hacer sugerencias complementarias -tímidas, quizás-, pues ya sabemos que las objeciones, críticas u opiniones contrarias a la posición del jefe imperial no son muy bien recibidas y pueden costarle caro a quien las pronuncie.
Sobran los ejemplos. Baste la reciente “neutralización” del líder del tren de Aragua, a través de una operación supuestamente conjunta entre el ejército local y las fuerzas norteamericanas, pero que guarda un sello, una ejecución y unas herramientas muy parecidos a las voladuras de lanchas en el Caribe y el Pacífico oriental: un objetivo designado, un cohete disparado por un dron y unos tripulantes exterminados sin acusación formal, proceso legal, tribunales ni sentencias. Unas acciones que serían impensables en territorio norteamericano pero que sí se pueden consumar, según la Casa Blanca, en aguas internacionales o en territorios tutelados.
En estos días, el poder del tutor se manifestó con bastante contundencia, por decir lo menos. El nombramiento de la diputada Dinorah Figuera (presidenta de la Asamblea 2015) como encargada, jefe, cabeza o coordinadora -el título es libre- de las negociaciones con el gobierno interino para institucionalizar el país, según lo declaró la propia diputada a su regreso a Venezuela, significa ni más ni menos que organizar elecciones, liberar presos políticos, recuperar las libertades civiles, desmantelar la represión y un larguísimo etcétera. De ahora en adelante, y hasta nueva orden, la Sra. Figuera, quien ya tuvo su primera reunión con el presidente de la Asamblea actual, será la máxima representante de la oposición en la ruta -incierta, según marchan las cosas- hacia la democracia.
Lo primero que viene a la mente es el manifiesto de Panamá, un documento firmado el pasado 29 de mayo por el grueso de la oposición, en plena representación de la Plataforma Unitaria Democrática -y de un 85 o 90% de las preferencias electorales del soberano- que ponía en manos de María Corina Machado y Edmundo González la encomienda de negociar la transición -comenzando con elecciones para finales del año próximo- y ponerle fin a tres décadas de chavismo. Pero resulta que, con la excusa de que la Asamblea de 2015 fue la última institución legítimamente elegida en Venezuela, el tutor le quita la batuta a quienes se la ganaron en 2023 y 2024 y se la entrega a un nuevo director que viene a estrenarse como contraparte del chavismo.
El poder siempre necesita el respaldo de la fuerza, aún en las situaciones más civilizadas. Y la fuerza que manda en Venezuela es la misma que nos libró de Maduro, la que dejó a Delcy Rodríguez como presidenta encargada y la que acaba de designar a Dinorah Figuera jefe de la oposición. Quedará el derecho a pataleo de los que fueron desplazados, quienes tienen el derecho a cuestionar -con razón- una movida poco democrática; pero ser tutelado no es gratis. Tiene consecuencias.
