Salieron excarcelados los tres policías metropolitanos que fueron condenados en 2003 a 30 años de prisión. Una condena que se produjo sin evidencias y con una acusación absurda de homicidio en grado de complicidad correspectiva por la muerte de dos personas en la marcha del 11 de abril de 2002, lo que significa –palabras más, palabras menos- que no hay pruebas y no se sabe quién cometió el crimen, pero ustedes estaban por los alrededores y los metemos presos a todos. En realidad, la acción judicial partió de una orden de Hugo Chávez de “condenarlos a como diera lugar”, con el objetivo de proteger a los verdaderos asesinos de ese día: los mandaderos que dispararon a mansalva por órdenes superiores, desde el puente Llaguno y más abajo, contra la manifestación de protesta que pretendía llegar a Miraflores. Ya hace unos años, tan temprano como abril de 2012, el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia Eladio Aponte dijo desde Costa Rica que a él lo “mandaron” a negar un recurso de apelación que habían introducido los comisarios Simonovis, Forero y Vivas y 5 policías metropolitanos, entre los cuales estaban los hoy recién puestos en libertad.
Erasmo Bolívar, Luis Molina y Héctor Rovaín son los presos políticos que han pasado más tiempo entre rejas en este siglo chavista. Y no debe ser coincidencia que su liberación suceda poco después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, haya dicho el pasado 12 de mayo que todos los prisioneros políticos venezolanos serían liberados: “vamos a sacarlos a todos", declaró a la prensa antes de su viaje a China. Y acto seguido, se imagina uno a los funcionarios del interinato revisando listas y cambiando barajitas para luego declarar que se iban a liberar 300 presos (algunas “personas juzgadas con delitos comprobados”, dijo el jefe de la AN) por razones de edad, salud y otras condiciones humanitarias por inventar. Hasta el día de escribir este artículo (viernes 22), por cierto, solo se ha excarcelado en la presente semana a 38 personas, según la muy creíble ONG Foro Penal
Es difícil dudar de la orden de Chávez en contra de los comisarios y los metropolitanos, después de haberlo visto y escuchado en 2009, en vivo y directo y sin la menor vergüenza, pidiendo, “a nombre de la dignidad del país”, 30 años de prisión para la jueza María Lourdes Afiuni por el simple hecho de haberle respetado sus derechos a un banquero acusado de fraude con quien el entonces presidente tenía una bronca. Y menos dudas quedan luego de conocer la cantidad de perversiones que se cometieron contra la señora Afiuni mientras permaneció detenida, así como su nueva condena en 2019 a 5 años por “corrupción espiritual”. Aún hoy, luego de 17 años de su primera detención, tiene prohibida la salida del país y las declaraciones públicas.
El sistema que ha gobernado Venezuela desde 1999 se ha valido de la designación y posterior complicidad de jueces, fiscales, tribunales, cuerpos de seguridad y todo lo que huela a custodiar el cumplimiento de las leyes para hacer exactamente lo contrario. La “justicia” chavista, siguiendo el ejemplo del fundador y máximo dirigente de esta revolución bolivariana que todavía gobierna, se ha enfocado en violar las normas, los protocolos y los procesos judiciales para aplicar la práctica más elemental del caudillismo de montonera, aquella que dice que usted va preso porque habló de más o ganó unas elecciones o es de la oposición o fue testigo de mesa o le encontraron un wassap criticando al gobierno o porque a algún jefe le dio la gana. Y una vez en la cárcel, sin que medien garantías ni órdenes ni expedientes ni se respeten los derechos de nadie, la probabilidad de pasarlo muy mal o de sufrir torturas o pasar de plano son bastante altas. El ejemplo reciente del deceso del Sr. Víctor Quero y su señora madre grita de viva voz el tamaño de la indefensión que sufre un ciudadano de a pie cuando los que –aún- mandan le ponen el ojo.
Así funciona el país que habrá que transformar en una República democrática, donde se respeten los derechos más elementales, donde haya separación de poderes y donde tres funcionarios puestos por una alcaldía para proteger a la gente en una manifestación pacífica no tengan que pasar 23 años en la cárcel, cubiertos por las mentiras del poder, hasta que la presión de unos tutores imperiales los ponga en libertad. Nada fácil la tarea.
