La representante de Carabobo como diputada a la Asamblea
Nacional por Proyecto Venezuela (Prove), Deyalitza Aray, aseguró que todos los
parlamentarios están obligados constitucionalmente a ejercer funciones de
contraloría en cada una de nuestras regiones, con el objetivo de garantizar el
uso transparente y adecuado de los recursos económicos del Estado asignado para
diversas obras en beneficio de las comunidades.
En una nota de prensa, Aray alertó que en esa oportunidad solicitó que se verificara
esta situación de asignación de recursos para una obra que ya había sido
ejecutada e impedir se cometiera delito de presunta malversación.
La diputada de Prove destacó que ahora nuevamente el pasado
martes 30 de junio de 2015 se introdujo un crédito adicional por 320 millones
de bolívares para la Gobernación de Carabobo, de los cuales 20 millones son
asignados a los pozos de San Lorenzo y Pitiguao.
“Este es un hecho que todos los diputados debemos
investigar, estamos obligados a hacerlo quienes luchamos contra la corrupción y
creemos que las necesidades comunitarias no pueden servir para cometer delitos
contra el erario público”, aseveró.
No se trata de ninguna obstrucción, -dijo la parlamentaria-,
quien no la debe no la teme, sin embargo, alertó “no voy a renunciar a mi
responsabilidad de defender los intereses de los carabobeños y en este caso de
los porteños, que a pesar de los trabajos y de la asignación de los recursos
continúan padeciendo una sequía que pareciera no tener solución”.
Exigió respuestas y soluciones por parte de los distintos
niveles de gobierno: “hasta cuándo los porteños vamos a estar sometidos a
semejante situación que mantiene a la población en permanente zozobra y
descapitaliza a los vecinos que deben pagar costosos camiones cisternas para
abastecerse de agua”.
Finalmente Deyalitza Aray dijo que el dinero público debe
ser invertido de forma transparentemente y en la Asamblea Nacional debemos
asegurarnos de que así sea.
