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EFE

 La Cámara Venezolana
de la Industria de Alimentos (Cavidea) rechazó este viernes la medida de
desalojo de una planta de distribución que sirve a empresas como Polar, Nestlé,
Cargill y Pepsi Cola, y alertó sobre las “implicaciones” que puede
tener en el abastecimiento y la “soberanía alimentaria”.

“Cavidea expresa preocupación por el riesgo que corre
la estabilidad laboral de miles de venezolanos, y alerta acerca de las
implicaciones que una medida como esta tiene sobre el normal abastecimiento de
alimentos en la ciudad capital y zonas cercanas”, dijo la cámara en un
comunicado publicado este viernes.

Según esta institución, el desalojo de estas instalaciones
afectaría los empleos directos de unas 1.500 personas y los ingresos por
empleos indirectos de otras 4.000.

La cámara señala, además, que estos son “espacios desde
donde se realizan importantes actividades comerciales e industriales para el
transporte y la distribución de sus alimentos y bebidas a la Gran Caracas y
zonas aledañas”.

En el escrito, Cavidea también señala que la medida de
ocupación atenta “contra la soberanía alimentaria de los
venezolanos”, pues afecta directamente la operación logística de
distribución de alimentos y bebidas, “que es la que permite hacer llegar
de manera eficiente los productos a los puntos de venta”.

La cámara de alimentos apunta que expropiar y ocupar
instalaciones industriales activas “no contribuye con la confianza y la
seguridad necesaria para que la empresa privada siga fortaleciendo la
producción nacional”.

El secretario general del sindicato de Pepsi Cola en la región
metropolitana, Bladimir Camargo dijo este jueves a Efe que el miércoles pasado
una juez de un tribunal dictó la medida de desalojo, levantó un acta y
estableció un plazo de 60 días para desalojar las instalaciones.

La medida, según Camargo, es el resultado de un decreto
presidencial publicado en la Gaceta Oficial en 2012 por el entonces presidente
Hugo Chávez (1999-2013), que ordenó el uso de los terrenos para la construcción
de viviendas del programa social Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV).

“El proyecto no fue solamente para la zona en la que
estamos nosotros, sino que involucra a ocho o diez galpones más, entre ellos
Coca Cola, que anoche (miércoles) les notificaron y ellos desalojaron, Cargill,
el Banco Provincial, lo que abarca más o menos unas 140 hectáreas de
terreno”, añadió.

La medida ha generado el rechazo de sectores de la oposición
que han considerado que el procedimiento es una “expropiación” que
además se realiza precisamente cuando el país atraviesa una crisis de
abastecimiento y escasez de productos básicos, incluyendo alimentos esenciales.




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