Felícita Blanco
Con la liberación de 22 rehenes terminó el sábado a las 12:00 de la noche el secuestro de funcionarios de la Penitenciaría General de Venezuela (PGV) que desde el lunes estaban en poder de los reclusos.
Los internos exigían la instalación de plantas eléctricas y el ingreso a dicho centro de dos mil 500 presos de otros reclusorios y retenes policiales.
Al parecer lograron el traslado de unos dos mil detenidos que requieren los pranes para incrementar sus ingresos con “el cobro de la causa”.
Familiares de los rehenes y de los reclusos recibieron la noticia en las afueras del recinto.
Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, confirmó que trasladaron presos de varios retenes, del Cicpc, PNB, policías municipales y estadales, de acuerdo con lo verificado por organizaciones de derechos humanos.
Antes de ser ingresados los reseñaban en la cárcel 26 de Julio, que está cerca de la PGV y luego ingresaban a la penitenciaría, donde los delegados de los pranes los interrogaban para confirmar si podían pagar la causa, que oscila entre dos mil y cinco mil bolívares.
De 46 trabajadores que fueron tomados como rehenes el lunes a medida que iban llegando a cumplir sus labores, fueron liberándolos poco a poco hasta quedar 19 hombres y 3 mujeres.
Muchos no fueron retenidos porque les avisaron antes de entrar. Hasta el viernes habían llevado mil 443 presos de otras cárceles.
El sábado a las 4:00 de la tarde liberaron al subdirector Ramón Hernández, junto con una mujer. Los rehenes permanecieron más de 140 horas privados de libertad.
Familiares de los rehenes dijeron que José Vicente Rangel Ávalos sirvió de mediador para que los reclusos depusieran su actitud.
Los presos pedían que les enviaran reclusos de otros centros donde pasan hambre y sufren humillaciones.
Según los familiares de los rehenes, durante el secuestro solo acudieron representantes de la Defensoría del Pueblo y esperaron en vano que llegara la ministra del Servicio Penitenciario, pero no la vieron. Este sábado y domingo hubo visita en la PGV.
Al reflexionar sobre el tema, Humberto Prado señaló que “el Estado accedió al chantaje de los presos, entregándoles a unos detenidos para que se hagan cargo de ellos”.
-¿Quién responde por la vida de esas personas que llevaron de los retenes policiales a la PGV? Es algo nunca visto en la historia penitenciaria del país. Como se explica que unos presos que están bajo responsabilidad del Estado pasen a manos de otros reclusos?.
Por eso este lunes solicitará a la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz y al Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, que hagan una investigación. También lo harán del conocimiento de organizaciones del sistema universal e interamericano, Comité Contra la Tortura y Detenciones Arbitrarias.
Respecto a lo sucedido en el retén policial de Alayón, estado Aragua, que dejó saldo de siete muertos y 52 heridos, debido a la explosión de granadas, Humberto Prado reiteró que se trató de un cambio de gobierno.
-Unos presos eliminaron a otros para tomar el control del retén. Ahora la violencia está en los retenes policiales.
