EFE
Francia
privará de determinados derechos cívicos, como el de voto o el de ser elegido,
a los condenados por terrorismo en su territorio, afirmó este miércoles el primer ministro, el socialista Manuel
Valls.
Se trata de una medida que irá incluida en la reforma constitucional que el presidente, François Hollande, prometió tras los atentados del pasado 13 de
noviembre y que el jefe del Gobierno presentó ante la comisión de leyes de la Asamblea
Nacional, cuyo debate comenzará la semana próxima.
La privación de derechos cívicos afectará a todos los condenados, incluidos los
de nacionalidad francesa, señaló Valls.
La medida que más polémica ha generado en el proyecto de reforma constitucional
es la referida a la retirada de la nacionalidad francesa a los condenados por
terrorismo, algo que provoca el rechazo de buena parte de diputados y
senadores, incluidos socialistas, y que llevó a la dimisión de la ministra de
Justicia, Christiane Taubira.
Valls señaló que el texto que propondrá el Gobierno señala que «una
persona puede ser desposeída de la nacionalidad francesa o de los derechos que
ella conlleva cuando sea condenada por un crimen o delito que constituya un
ataque grave a la vida de la nación».
En concreto, precisó, esa medida afectará a los delitos de asociación de
malhechores con fines terroristas, la financiación directa del terrorismo o las
acciones terroristas individuales, penados en la actualidad con diez años de
cárcel.
El primer ministro aseguró que no habrá en el texto ninguna referencia a la
binacionalidad, aunque de facto esta medida solo afectará a quienes tengan una
doble nacionalidad, puesto que, dijo, Francia respetará la convención
internacional de 1961 que prohíbe la creación de apátridas.
Con la retirada de esa referencia expresa a la binacionalidad, Valls afirmó que
busca «el mayor respaldo posible» a una reforma constitucional que
precisa para su ratificación de tres quintos de los votos de las dos cámaras
legislativas reunidas de forma conjunta.
El jefe del Gobierno señaló que todavía no han decidido quien tendrá la
potestad de ordenar la retirada de la nacionalidad o de los derechos cívicos.
El Ejecutivo baraja dos posibilidades: que sea una decisión administrativa, que
dependería, en última instancia, del Consejo de Estado, o una decisión
jurídica, entendida como una pena complementaria y atribuida a los magistrados
antiterroristas.
