Dayrí Blanco|@DayriBlanco07
Nadie quiere alquilar su vivienda. El temor jurídico está latente y se
repite en las empresas que han dejado de invertir en proyectos habitacionales
nuevos por la falta de garantías legales y la aguda escasez de materiales.
Todos los elementos se han encontrado para mantener el mercado inmobiliario
paralizado al experimentar una contracción en el primer semestre del año de
90%.
La oferta de arrendamiento residencial ha registrado una caída de 98%,
alertó la presidenta de la Cámara Inmobiliaria de Carabobo, Ingrid Suárez. Lo
poco que se consigue es a un canon por encima del poder adquisitivo de los
venezolanos.
En la región el único movimiento en cuanto a construcción de viviendas
corresponde a la conclusión de obras iniciadas en años anteriores. No hay nada nuevo.
No hay inversiones recientes ni proyectos para ser entregados en dos o tres
años como solía comportarse el mercado.
La oferta y demanda inmobiliaria industrial también ha disminuido. Ese
era un nicho importante en la región por ser el vértice de la manufactura en el
país y con el puerto de carga y descarga de mercancía más importante de
Venezuela. «Pero como hasta las importaciones están mermadas ya son
pocos los que compran o alquilan galpones industriales», advirtió
César López, vicepresidente de finanzas de la Cámara.
El sector comercial, que se había mantenido estable dentro de la crisis,
de enero a junio de 2016 tuvo una severa afectación como resultado de los
altos costos de producción y la escasez de materiales.
Depresión
El mercado secundario de viviendas es el único que ha sobrevivido. Pero
la oferta supera en 90% la demanda existente. «Hay pocos compradores y
muchas opciones de negocio», indicó Suárez.
Pero eso no quiere decir que exista una recuperación inmobiliaria.
«Se necesita que todos los elementos que componen el sector estén activos
y no es así. Estamos en una depresión profunda como el resto de la economía
nacional».
La inflación ha sido determinante. Solo 2% de la población tiene
acceso a los créditos hipotecarios para los que se requiere tener un ingreso
mensual por encima de los 300 mil bolívares. Y en muchos de los casos los
montos aprobados no son suficientes para el pago ni de 30% del costo del
inmueble.
Cierre de 20% de oficinas
Las consecuencias han sido frontales. Al menos 20% de los agremiados a
la Cámara que agrupa a los empresarios del sector en la región ha dejado de
prestar sus servicios.
Se trata de oficinas inmobiliarias y personas naturales que se dedicaban
al negocio que han tenido que cambiar de actividad económica. Incluso, algunas
firmas importantes han retirado sus inversiones en el país y han migrado a
otros.
Suárez fue enfática al cuestionar la falta de estímulos desde el
Ejecutivo. «Nosotros participamos en cada una de las reuniones del
motor número 10 activado por el Ejecutivo pero al parecer solo funcionaron para
tomarnos fotos porque no se tomó en cuenta ninguna de nuestras exposiciones de
motivos».
Resolución viciada
El 21 de julio se publicó en Gaceta Oficial extraordinaria 6.241 la
Resolución 152 que establece, bajo justificación del decreto con Rango Valor y
Fuerza de Ley que data del año 2011, la utilidad pública de un lote de 380
hectáreas en todo el país, entre las que están 79.566,97 metros cuadrados
ubicados en la zona “Valle de Bendiciones” del municipio San Diego.
El decreto de hace cinco años era temporal, su implementación se dio por
una contingencia ambiental. Su aplicación en la actualidad es extemporánea.
En el caso de los terrenos de San Diego la medida se aplicó sin que
exista un estudio previo de factibilidad que sustente o no la intención de
realizar desarrollos habitacionales. En el lugar hay una comunidad improvisada
producto de una invasión ocurrida hace siete años.
Suárez alertó que la decisión del Gobierno se tomó sin que el
propietario sea notificado, lo que representa una violación a la propiedad.
Se conoció que esas casi ocho hectáreas solo se podían construir 320
casas como las que se fabrican a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela
(GMVV) y el déficit habitacional en el estado es de 400 mil unidades.
