EFE
El
Congreso brasileño dio este miércoles el primer paso hacia un juicio político
contra la presidenta Dilma Rousseff, con la presentación de un informe en el
que se recomienda avanzar hacia un proceso con miras a su destitución.
El informe, redactado por el diputado Jovair Arantes, quien actúa como
instructor de una comisión especial de la Cámara baja, supone apenas el primero
de los escalones del engorroso proceso que definirá si Rousseff responderá a un
juicio político.
«Como la denuncia contiene todas las condiciones jurídicas y políticas
necesarias para su admisión, concluye el instructor por la aceptación jurídica
y política de la acusación y por la consecuente autorización para la
instauración, en el Senado, del proceso por crimen de responsabilidad»
contra la mandataria, indicó Arantes.
Las acusaciones formuladas por la oposición dicen que Rousseff incurrió en
maniobras contables para maquillar los resultados del Gobierno en 2014 y 2015,
modificar presupuestos mediante decretos y acumular deudas y contratar créditos
con la banca pública, pese a que la legislación lo prohíbe.
Todo eso, según la parte acusadora, constituye «delitos de
responsabilidad», que la Constitución brasileña contempla entre las causas
que pueden llevar a la destitución de un mandatario.
El Gobierno ha rechazado eso y tanto Rousseff como sus seguidores han repetido
a los cuatro vientos que un proceso con miras a su destitución en ausencia de
un delito de responsabilidad es un «golpe».
Sin embargo, el propio instructor insistió hoy en que «un proceso de
‘impeachment’ no es un golpe de Estado», pues es realizado por el
Parlamento, de acuerdo con las normas establecidas en la Constitución y
ratificadas en diciembre pasado por el Tribunal Supremo.
