Defensores de los policías Fred Mavares y Reggie Andrade, considerados por la oposición venezolana como «presos políticos», denunciaron hoy el traslado irregular de ambos hasta una cárcel para delincuentes comunes en el estado de Guárico (centro), pese a que tienen boletas de excarcelación desde hace dos años.

Según la abogado Zoraida Castillo, Mavares y Andrade fueron trasladados hace una semana desde los calabozos de la sede en Caracas de los servicios de inteligencia (Sebin), más conocida como El Helicoide, hasta la prisión 26 de julio de Guárico.

«Desconocemos cómo (los) pudieron ingresar en esa cárcel cuando no hay orden de encarcelación, tienen presos dos años esperando su libertad», dijo Castillo desde las inmediaciones del Tribunal Supremo venezolano, a donde acudió para solicitar la libertad de sus defendidos.

Castillo informó que la defensa solicitó al tribunal que lleva la causa, y que emitió en agosto de 2016 las boletas de excarcelación de ambos policías, «que la orden de libertad sea remitida al ciudadano director del centro penitenciario 26 de julio».

«El tribunal, de acuerdo con el código, tiene 3 días para proveer (justicia) que se vencen hoy, aspiramos administración de justicia (…), en el nombre de Dios hoy serán liberados si ellos cumplen con su deber», añadió.

Mavares y Andrade, miembros del cuerpo policial del municipio Chacao del céntrico estado de Miranda, fueron detenidos junto a otros 12 de sus compañeros a mediados de 2016 por su presunta vinculación con el asesinato de un periodista afín al chavismo gobernante.

Son los únicos de los 14 detenidos por este caso que permanecen tras las rejas, puesto que los demás fueron liberados la víspera de la pasada Navidad.

Omar Mora Tosta, también defensor de los dos detenidos, señaló que fueron trasladados tras registrarse en los calabozos de El Helicoide un motín del cual nunca se ofreció información oficial, al tiempo que alertó que la defensa seguirá «presionando» hasta que sean liberados y se cierren sus procesos.

La ONG Foro Penal contabiliza al menos 280 presos por delitos de consciencia en varias cárceles del país, una cifra que certifica la Organización de Estados Americanos (OEA).

Sin embargo, la oposición venezolana eleva esta cifra hasta los 300




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