(Foto Acceso a la Justicia)
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En la actualidad, Venezuela presenta indicadores sobre su estado de derecho y su poder judicial que son alarmantes. De acuerdo a World Project Justice ocupa el último puesto en 2016 en el índice de estado de derecho (113/113) y en justicia penal (113/113), y de penúltimo en justicia civil (112/113).

La ONG Acceso a la Justicia indicó que es importante aclarar que Venezuela ha siempre tenido problemas en materia judicial; no es algo que se debe atribuir al régimen político que se ha autodenominado “socialista”. Sin embargo, este ha llevado al Poder Judicial a niveles donde nunca antes había llegado, pues como expresó el año pasado un experto en el tema “el sistema formal se ha convertido en un brazo del régimen”.

Hoy día ya no cabe duda que el Tribunal Supremo de Justicia, y en especial su Sala Constitucional están al servicio del poder, como demuestran dos de sus más recientes sentencias, la 155/2017 y la 156/2017, y sobre todo sus aclaratorias, dictadas por exhorto de un Consejo de Seguridad de la Nación presidido por el Ejecutivo.

Ante esta grave situación de la administración de justicia y del Estado de derecho que ha llevado a la aniquilación de los derechos de los venezolanos y a la desaparición de la democracia, surge ante todo la siguiente pregunta:

¿Por qué los jueces y los propios magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que son los que debían y podían contener el poder, en cambio, se han ido auto sometiendo a este?

Las razones son muchas, pero la fundamental es que, pese a que la Constitución prevé un sistema de elección de magistrados y jueces que garantiza su independencia política e imparcialidad, desde el principio el régimen político que se instaló con el difunto presidente Chávez se aseguró magistrados fieles al no escogerlos según lo establecido en ella, y al no permitir participar a la sociedad civil, como en cambio prevé la Constitución.

Además, la propia Asamblea Nacional Constituyente le quitó a los jueces su estabilidad (1999) y solo tres años después de la entrada en vigencia de la Constitución el propio Tribunal Supremo de Justicia suspendió también los concursos de oposición para su ingreso (2003), los cuales aún permanecen suspendidos.

Posteriormente, al Tribunal Supremo de Justicia se le copó con el aumento de los magistrados (finales de 2004) y se estableció un sistema de selección de jueces dependiente del Tribunal Supremo de Justicia. Al controlar el Tribunal Supremo de Justicia, se controla a todo el poder judicial.

Paulatinamente, la Sala Constitucional se auto atribuyó  poderes constituyentes y legislativos, que fueron reconocidos por la última ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (2010). Al controlar políticamente la Sala Constitucional, se puedecontrolar toda la interpretación del derecho, así como los conflictos jurídicos, políticos, institucionales y sociales.

No es de extrañar que en la actualidad el TSJ sea un órgano no solo politizado, sino partidizado, completamente al servicio del poder.

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