Andrés Manuel López Obrador, el nuevo presidente de México, reivindica la “Doctrina Estrada” en política exterior, según la cual su país debe sacralizar el principio de no-intervención, de cualquier manera, en los asuntos de otros países. Lo que pasa es que esa doctrina fue formulada en los años treinta del siglo pasado, cuando el desarrollo de las concepciones modernas de los derechos humanos, aún estaban en pañales.

De allí su desface. Los derechos humanos suponen limitaciones a la soberanía, y suponen el deber de otros países de no lavarse las manos cuando los derechos humanos son violentados en un determinado país, sobre todo si pertenece a la misma región. La llamada progresividad de los derechos humanos así lo consagra. La “Carta Democrática Interamericana” de 2002 es una demostración de ello, en materia de legitimidad e ilegitimidad democrática.

Todas las perspectivas y corrientes de opinión que sustentan el desarrollo de las oenegés en el campo de los derechos humanos, también confirman los conceptos señalados. El principio de no-intervención y de autodeterminación de los pueblos, no están echados al cesto de la basura ni podrían estarlo. Pero tampoco están por encima del reconocimiento, aseguramiento y defensa de los derechos humanos.

La situación de Venezuela es dramática al respecto. El gobierno de Amlo, tal cual Poncio Pilatos, se lava las manos de la realidad venezolana, invocando la “Doctrina Estrada”. ¿Una argucia política? ¿Una convicción principista? Más parece lo primero que lo segundo, sobe todo porque Amlo cuando alegaba que había sido víctima de fraudes electorales –y no me pronuncio acerca de la veracidad o no de esos alegatos–, solicitaba la intervención de la comunidad internacional en favor de su causa.

Entonces, como se suele decir, las salsa que es buena para el pavo también lo debería ser para la pava… México es un país muy importante en América Latina, y el principal socio comercial de EEUU en nuestra parte del continente. Su peso en los asuntos políticos y económicos no puede subestimarse. Por eso preocupa la posición –políticamente muy interesada– de Amlo en relación con Maduro.

No sé hasta que punto pueda ayudar a la hegemonía roja en medio del descalabro venezolano, pero ese no esa no es la cuestión fundamental. Pero en cambio, si la es el que la autoridad y la influencia de un país como México dejen de estar al lado de la causa democrática de nuestra población. No hay argumentación actualizada de naturaleza democrática que haga sustentable, o siquiera presentable, esa posición de Amlo.

En otros tiempos, acaso durante la lógica binaria y feroz de la guerra fría, por allá en el siglo XX, la “doctrina Estrada” podía esgrimirse como política de Estado. Pero ya no. Hacerlo es un anacronismo histórico, una hipocresía moral, y una omisión injusta en la lucha por la democracia en América Latina y, en particular, en Venezuela.

flegana@gmail.com




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