Amnistía Internacional alerta sobre la fuerza excesiva contra protestas sociales en Venezuela
Trabajadores de la Asamblea Nacional protestan frente a la sede del organismo para exigir mejoras salariales hoy, miércoles 1 de agosto de 2018, en Caracas / Foto: EFE
Amnistía Internacional (AI) alertó sobre el uso de «fuerza excesiva» por parte de los cuerpos de seguridad de Venezuela contra las protestas para exigir derechos sociales y económicos, manifestaciones que han sido disuadidas con «medidas represivas», según la organización.

En el capítulo Venezuela, dentro del informe 2022-2023 de AI, se destaca que la «mayoría de la población sufría inseguridad alimentaria grave y no tenía acceso a atención médica adecuada», de acuerdo con los datos condensados para este balance, el cual está alimentado por reportes de varias ONG e instituciones internacionales.

Pese a que el número de «manifestaciones multitudinarias» para exigir derechos civiles y políticos disminuyó, prosigue el escrito, «las autoridades reaccionaron con tácticas represivas más selectivas (…) y sistemáticas, como utilizar el sistema judicial para acallar la disidencia y criminalizar a los defensores de derechos humanos».

«Los servicios de inteligencia y otras fuerzas de seguridad, con la aquiescencia del sistema judicial, continuaron deteniendo de forma arbitraria, torturando e infligiendo otros tipos de malos tratos a las personas consideradas opositoras al Gobierno de Nicolás Maduro», sostiene el informe.

Crisis en la prestación de servicios

AI remarcó que la «negligencia y la falta de mantenimiento continuaron reduciendo el acceso de la población al agua», lo que motivó gran parte de las protestas comunitarias que se sumaron al total de 7 mil 032 manifestaciones de 2022, «muchas» de la cuales terminaron con «represión y detenciones arbitrarias».

Citando investigaciones de ONU y varias ONG locales, la organización reiteró que existen violaciones de derechos humanos a mujeres, debido a la persistencia de la penalización del aborto y a que no encuentran un enfoque de género dentro de las instituciones del Estado cuando acuden a presentar denuncias.

Asimismo, el escrito denuncia la persistencia de la impunidad en casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, afectaciones en los derechos de los pueblos indígenas -debido, entre otras razones, a la explotación minera por parte del Estado-, así como una persecución contra activistas y defensores de DDHH.

«La práctica de las detenciones arbitraria seguía siendo generalizada y, con frecuencia, se infligía tortura u otros malos tratos bajo custodia. Las autoridades también llevaban a cabo desapariciones forzadas de corta duración como parte de ese patrón de violaciones de derechos humanos», añadió el informe. EFE




Estimado lector: El Diario El Carabobeño es defensor de los valores democráticos y de la comunicación libre y plural, por lo que los invitamos a emitir sus comentarios con respeto. No está permitida la publicación de mensajes violentos, ofensivos, difamatorios o que infrinjan lo estipulado en el artículo 27 de la Ley de Responsabilidad en Radio, TV y Medios Electrónicos. Nos reservamos el derecho a eliminar los mensajes que incumplan esta normativa y serán suprimidos del portal los contenidos que violen la Constitución y las leyes.