El asesinato de al menos ocho policías y un militar en las últimas horas ha empañado la recta final de la campaña en El Salvador de cara a las presidenciales del 3 de febrero, unos crímenes con los que las pandillas buscan influir en el próximo Gobierno según las autoridades.
La escalada de asesinatos de uniformados, incluido un empleado administrativo de la Policía, vivió su punto más cruento entre la noche del jueves y la mañana del viernes con los asesinatos de cuatro agentes en diferentes zonas del país.
El ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, ha dicho que estos crímenes forman parte de una «campaña» de las pandillas, principalmente de la Mara Salvatrucha (MS13), para influir en los planes de las autoridades que asuman el Ejecutivo en junio próximo.
Ramírez Landaverde destacó que dichas estructuras buscan principalmente que «se les regresen los beneficios penitenciarios que antes tuvieron», y que la «fuerza pública baje la guardia que, de alguna manera, reduzca esa persecución y combate frontal que se ha ejercido en este período» de Gobierno.
El actual Ejecutivo, presidido por el exguerrillero Salvador Sánchez Cerén, incrementó la seguridad en las prisiones con fuertes medidas, consideradas «inhumanas» por las Naciones Unidas, y creó un comando élite para dar caza a los grupos armados de las pandillas, principalmente en la zona rural.
La referida «campaña» ha llevado al país, según el director de la Policía, Howard Cotto, a un incremento del 3 por ciento de los asesinatos en la primera quincena del 2019, situación que rompe con la tendencia a la baja que el país experimentaba desde julio de 2018.
Según Cotto, esto forma parte de una «acción deliberada» de la MS13, dado que la mayoría de víctimas «son miembros de pandillas» o colaboradores.
Añadió que «la MS13 ha estado asesinando a pandilleros de grupos contrarios o de la misma MS13 que, de acuerdo a la valoración que ellos mismos hacen, han filtrado información o abandonado la pandilla».
«Lo que están buscando, en primer lugar, es la reacción de los candidatos a la Presidencia», señaló en una conferencia de prensa esta semana, en la que llamó a los aspirantes a realizar «un pronunciamiento en contra de las pandillas, en contra de su accionar».
También les pidió que expresen públicamente que, de ganar las elecciones, «van a tener una posición firme y decidida en contra de estas organizaciones criminales».
En las elecciones competirán por la Presidencia Hugo Martínez, del gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN); Carlos Calleja, con la Alianza Republicana Nacionalista (Arena); Nayib Bukele, por la Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana), y Josué Alvarado, con VAMOS.
El FMLN y Arena fueron señalados en un juicio contra los operadores de una polémica tregua entre las pandillas, impulsada por el expresidente Mauricio Funes (2009-2014), de pagar 350.000 dólares a las «maras» a cambio de votos en las elecciones presidenciales de 2014.
Según una publicación de junio de 2018 del periódico digital El Faro, el candidato de Gana «negoció con las pandillas» cuando fue alcalde de San Salvador por el FMLN «e hizo a lo largo de tres años concesiones» a miembros de estructuras criminales.
Los candidatos del FMLN y Arena se desmarcaron de cualquier posible negociación con las pandillas y se comprometieron a recuperar los territorios que controlan los grupos criminales, que cuentan con más de 60.000 miembros.
El Gobierno atribuye a las pandillas los altos índices de asesinatos que sitúan al país como uno de los más violentos del mundo con tasas de entre 103 y 50,3 homicidios por cada 100.000 habitantes entre 2015 y 2018.
El Tribunal Supremo Electoral convocó en octubre de 2018 a más de 5 millones de salvadoreños a participar en los comicios presidenciales, cuya campaña electoral concluirá el día 31 de enero.
