El gobierno golpista de Birmania ha rechazado su participación en el supuesto complot orquestado para herir o asesinar al embajador de su país ante la ONU, un diplomático que se opone a la junta militar que tomó el poder el 1 de febrero.
Las autoridades estadounidenses anunciaron el pasado viernes el arresto en Nueva York de dos ciudadanos birmanos acusados de urdir un plan para atacar al embajador Kyaw Moe Tun.
El ministerio birmano de Exteriores respondió hoy que el incidente «no tiene nada que ver» con Birmania y que se trata de un asunto doméstico ocurrido en Estados Unidos y por lo tanto queda bajo la jurisdicción del país norteamericano.
La junta militar remarca, en un comunicado publicado este martes por la prensa oficialista, que Kyaw Moe Tun resultó expulsado del cuerpo diplomático a finales de febrero tras expresar su apoyo a la oposición a la sublevación castrense y se ha emitido «una orden de arresto» contra él por cometer «alta traición» por lo que se ha solicitado a EE.UU. su extradición.
Sin embargo, Kyaw Moe Tun, nombrado embajador ante la ONU por el Gobierno depuesto de Aung San Suu Kyi, ha seguido defendiendo su legítima representación de Birmania y por ahora Naciones Unidas le sigue reconociendo, a la espera de una decisión en septiembre sobre sus credenciales tras la decisión de las autoridades birmanas.
Sospechosos identificados
La Fiscalía Federal de Manhattan reveló el pasado viernes que, tras recibir información sobre una amenaza al diplomático birmano, las fuerzas de seguridad identificaron a los dos hombres presuntamente contratados en julio por un traficante de armas con base en Tailandia y con vínculos con el Ejército birmano para llevar a cabo esta trama.
Los dos individuos están acusados de «conspirar para herir seriamente o matar al embajador de Birmania ante Naciones Unidas», en un ataque que preveían llevar a cabo en suelo estadounidense, según señaló la fiscal Audrey Strauss.
Tras más de seis meses desde el golpe de Estado, el régimen militar no ha logrado controlar todo el país y continúan las protestas y huelgas indefinidas contra el mando castrense que ha conseguido parar la Administración y parte del sector privado.
La junta militar ha reprimido con extremada violencia las protestas y al menos 962 personas han muerto, mientras que se ha arrestado de manera arbitraria a más de 7.000 opositores al régimen, según los últimos datos de la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP).
El Ejército justifica la toma de poder por un presunto fraude masivo durante las elecciones generales del pasado noviembre, cuyo resultado ha sido anulado y en las que arrasó el partido liderado por la premio nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, quien permanece arrestada, con el aval de observadores internacionales. EFE
