Cicpc atribuye asesinato de exdiputado del PSUV a denuncias contra mafias mineras

PSUV
Aldrin Torres. Foto cortesía Crónica Uno.

Jhoalys Siverio/ Crónica Uno

Luego de tres años y nueve meses de los homicidios del exdiputado del Consejo Legislativo del estado Bolívar por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Aldrin Torres, y su pareja Rebeca Núñez, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) informó sobre el esclarecimiento del caso.

A través de las redes sociales, el director del Cicpc, Douglas Rico, informó sobre la aprehensión de seis funcionarios policiales en Bolívar, presuntamente responsables de ambos asesinatos.

El 1 de agosto de 2018, fue la última vez que se vio con vida a Aldrin Torres y Rebeca Núñez, cuando salieron de su residencia, en Ciudad Bolívar. Ese mismo día reportaron su desaparición. Fue el 11 de agosto de ese año, cuando en el kilómetro 37 de la vía El Rosario, parroquia Panapana, hallaron sus cuerpos calcinados dentro de un vehículo.

Desde entonces se atribuyó el crimen a una posible venganza o pase de factura en contra del exdiputado del PSUV.

Las distintas versiones desde su desaparición mencionaron el hecho de que Aldrin Torres estaba haciendo constantes denuncias sobre las mafias del oro en Bolívar. Además, en ese tema también cuestionó la gestión del entonces gobernador Justo Noguera Pietri.

Con el reciente informe del Cicpc, precisamente se indica como móvil del crimen «problemas políticos, ya que Aldrin se encontraba denunciando irregularidades contra las mafias del oro que operaban en Guayana».

Experticias

Las experticias telefónicas hallaron dos números de teléfonos correspondientes a Jhonas Oven y Héctor Fuenmayor, ambos funcionarios activos de la Policía del estado Bolívar.

A través de esos números se determinó que tenían una actividad no habitual con otras líneas telefónicas pertenecientes a Miguel Camacho, Randy Zambrano, José Zamora y Antonio Pérez, antes, durante y después de la desaparición de las víctimas y su muerte», señala el informe policial del Cicpc.

Allí se agrega que paralelamente se observaron en cámaras de seguridad adyacentes a la residencia de las víctimas, a tres vehículos de diferentes modelos, uno de ellos perteneciente a Fuenmayor.

«Una vez los seis funcionarios fueron ubicados y trasladados al despacho policial, se procedió a realizar los interrogatorios individualmente, y se determinó que el primero de agosto los policías realizaron una vigilancia estática en las afueras de la residencia de las víctimas, a quienes siguieron por varios metros», refiere el informe.

A Aldrin Torres y a Rebeca Núñez los interceptaron hasta llevarlos a una zona boscosa en el kilómetro 37, vía El Rosario. Allí se dio el crimen. El Cicpc detalla que los victimarios usaron un arma de fuego para ejecutar al exdiputado del PSUV. En el caso de su pareja sentimental, la golpearon en la cabeza con un objeto contundente hasta dejarla inconsciente.

«Es cuando los funcionarios procedieron a arrojar combustible al vehículo donde se encontraban las víctimas. Finalmente, incendiaron el carro».

Años en silencio

Después de los primeros días de la noticia, el PSUV no volvió a mencionar el tema. Sin embargo, a finales de enero de este año, los actuales diputados del CLEB pusieron en la palestra nuevamente el caso al crear una comisión para investigar el crimen.

El 5 de agosto de 2018, Noguera Pietri dio una rueda de prensa para informar sobre la búsqueda de Aldrin Torres. Allí, el comisario Lisandro Alfonzo habló de varias entrevistas a personas del entorno de las víctimas y que obtuvieron «información importante». Esa misma tarde hicieron un rastreo aéreo sin resultados.

Dos días después del hallazgo, el exgobernador dio una rueda de prensa con la directiva del partido para rechazar este crimen.

«Se han adelantado ya todas las líneas de investigación y estoy seguro que muy pronto se verán los resultados y se sabrá quién ejecutó esta acción criminal», dijo Noguera en aquella rueda de prensa.

Aldrin Torres perteneció a la directiva estadal del PSUV y fue vicepresidente del CLEB. En 2015 lo nombraron «protector» de Sifontes, municipio cuyo alcalde era el opositor Carlos Chancellor.

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