La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó este miércoles ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) una solicitud para llevar a cabo una visita en Venezuela. El objetivo es observar la situación de los derechos humanos en el país y, en concreto, en la cárcel de El Helicoide, el centro de detención más temido de la nación suramericana.

«La última visita de la Comisión a Venezuela tuvo lugar en 2002, hace más de veinte años. Desde entonces, cada nueva solicitud, en 2017 y en 2020, ha sido rechazada», explicó la relatora de la CIDH para Venezuela, Gloria de Mees, ante el Consejo Permanente de la OEA.

El Helicoide es el principal centro de detención de disidentes políticos en Venezuela y, según De Mees, la Comisión ha recibido "información alarmante" de lo que allí ocurre, Se han documentado graves violaciones a los derechos humanos.

El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, respaldó este miércoles la propuesta de la comisión. Destacó la urgencia de que se lleve a cabo una visita ‘in loco’, que representaría un paso significativo y concreto hacia la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de la dignidad humana.

En uno de sus últimos informes, la relatora denunció la intensificación de la represión en Venezuela desde las presidenciales de julio de 2024. En ese proceso el oficialista CNE proclamó la reelección de Nicolás Maduro pese a las denuncias de fraude de la oposición, que presentó actas de votación que darían la victoria a Edmundo González Urrutia.

Desde 2013, Venezuela no forma parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, compuesto por la CIDH, con sede en Washington, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José (Costa Rica). Un año antes, bajo el Gobierno de Hugo Chávez, el país denunció la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y el día 10 de septiembre de 2013 la decisión se formalizó. Venezuela se desvinculó de las obligaciones del texto fundacional del sistema.

Aun así, la CIDH reitera su competencia sobre Venezuela y alega que la denuncia presentada en 2012 carece de validez.