Un grupo de miembros de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) pidió hoy a la Fiscalía encarcelar al diputado Germán Ferrer, esposo de la exfiscal general Luisa Ortega Díaz, por su presunta vinculación con una red de extorsión.
«Hemos solicitado la privativa de libertad de las personas allí mencionadas, que sea abierto el procedimiento para el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de todos aquellos que tengan inmunidad que aparezcan allí registrados», dijo el dirigente oficialista Diosdado Cabello desde la entrada del Ministerio Público.
Según el constituyente, bajo la gestión de Ortega -en el cargo desde 2007 hasta el pasado 5 de agosto cuando esta misma asamblea la destituyó- en la Fiscalía operó una gran red de extorsión que cobraba millones de dólares a personas vinculadas con hechos delictivos para evitar ser procesados por la Justicia.
Por ello, solicitaron una investigación inmediata contra Ferrer, así como contra el abogado José Rafael Parra, la exdirectora del despacho de la exfiscal, Gioconda González; y los fiscales Pedro Lupera y Luis Sánchez.
Los denunciantes consignaron varios documentos originales y probatorios ante el nuevo fiscal general, Tarek Saab – designado por la Constituyente – y aunque Ortega no está mencionada en ninguno de ellos, Cabello ve muy difícil que no sepa nada por lo que espera que las investigaciones arrojen luces al respecto.
Afirmó que los señalados usaban pasaportes falsos y tenían más de 6 millones de dólares en cuentas abiertas en otros países, y que Ferrer -legislador electo por el chavismo que se volvió un crítico del presidente Nicolás Maduro en los últimos meses- abrió una cuenta el 6 de abril de 2016 que tiene 1 millón de dólares.
Cabello, un poderoso portavoz de la llamada revolución bolivariana, explicó que los miembros de la supuesta organización criminal comenzaron a extorsionar a los implicados en hechos de corrupción dentro de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y estos «ya están hablando».
En este sentido, dijo que dicha mafia pudiera tener dentro del Ministerio Público sucursales para otros temas y hechos delictivos como el narcotráfico, el lavado de dinero o los delitos comunes por lo que pidió se le haga ante las distintas policías y organismos del mundo la solicitud para apoyo a esta investigación.
Asimismo, los constituyentes pidieron congelar las cuentas y bienes de los acusados y la prohibición de salida del país.
Ortega, que se distanció del Gobierno tras denunciar la ruptura del hilo constitucional y posteriormente acusarlo de convertirse en un Estado policial que cometía terrorismo de Estado, fue procesada en el Tribunal Supremo de Justicia por magistrados que ella misma impugnó como ilegítimos.
Su remoción la concretó la plenipotenciaria Asamblea Constituyente, un órgano que es tildado de fraudulento por la oposición venezolana y buena parte de la comunidad internacional.
