Hace pocos días, 18 legisladores del Congreso de EEUU, pertenecientes al ala izquierda del partido demócrata (de esos que dan por llamarse progresistas, a pesar de que su inclinación por el progreso a veces no está muy clara) enviaron una carta al presidente JoeBiden pidiéndole que “considere el levantamiento de las amplias sanciones económicas que no han conseguido más que el sufrimiento generalizado del pueblo venezolano”. Argumentan más adelante, no sin algo de razón, que las acciones emprendidas por el gobierno de Trump no consiguieron debilitar al gobierno chavista y que el régimen ha encontrado salidas a los bloqueos a través de aliados como Rusia, citando de paso unas declaraciones de Henrique Capriles en las que afirma que Putin es el ganador de las sanciones. Pero el caldo se pone espeso cuando sueltan esta perla, sin más anestesia:“el sufrimiento del pueblo venezolano es una tragedia. Aunque esta tragedia es el resultado de varios factores, numerosos estudios han demostrado que las sanciones de Estados Unidos han sido una de las principales causas”. Y uno se pregunta de dónde y cuándo salieron esos estudios que “demuestran” que las sanciones tuvieron un impacto significativo en la debacle de Venezuela.
El documento es sesgado en muchas de sus líneas (aunque dice cosas como que “Nicolás Maduro y sus aliados tienen mucha responsabilidad en la crisis humanitaria”), pero atreverse a decir que un gobierno que lleva 23 años atropellando a la gente y destruyendo recursos es solo un factor en la tragedia parece como demasiado. Porque ese “factor” es el que vaporizó 400 mil millones de dólares y contrató cientos –o miles- de obras públicas que se pagaron y nunca se terminaron. Ese factor es un gobierno que trampeó elecciones, acabó con las libertades más elementales y condenó a la pobreza a 90% de la población, además de forzar la migración de más de 6 millones de personas. Y toda esa calamidad ocurrió progresivamente a lo largo de 23 años, no en los 3 años que han transcurrido desde que comenzaron las sanciones de mayor alcance.
Los progresistas yanquis, mostrando una ignorancia manifiesta sobre lo que ha pasado en Venezuela (hecha públicadesde hace tiempo en numerosas declaraciones), no parecen entender que aliviar las sanciones significa abrirle el chorro de dólares a una gente que ha demostrado no tener intenciones de –ni saber cómo- usar el dinero para resolverle nada a los venezolanos. El dinero que ingrese irá a las manos del chavismo, no a unas instituciones honorables que generarán empleo y reconstruirán los servicios públicos.
Como vitualla del apoyo maquillado de los legisladores del norte, la novena cumbre de las Américas, convocada por EEUU para el próximo mes de junio, le dio la oportunidad a otras naciones para arrimarle la canoa al régimen rojo. El gobierno de Biden ha sugerido que no invitará a las tres dictaduras más emblemáticas del continente, o sea, Cuba, Nicaragua y Venezuela, con el sano propósito de que la reunión sea un convite de gobiernos democráticos. Pues ya salieron los presidentes de México, Bolivia y Hondurasa decir que no asistirán si no se incluye a todos los gobiernos, despotismos incluidos. Y los panas del Caricom, muy prestos a las decisiones políticas pero muy reacios a aceptar refugiados venezolanos, andan conferenciando a ver si asumen la misma posición.
Para finalizar con los elogios más recientes, el secretario general de la OPEP, el nigeriano Mohammed Barkindo, de visita en Caracas,expresó que el gobierno de Venezuela “inventó un nuevo modelo de gerencia” para recuperar a la industria petrolera, y remató diciéndole a los jefes petroleros que“cuando son atacados con las sanciones más severas… ustedes dirigen a sus trabajadores, a su pueblo. Ustedes hicieron todo esto en dos años, en tiempo récord”. Y uno no sale de su sorpresa ni entiende por dónde van los tiros.
Las motivaciones son diversas, los intereses muchas veces se desconocen, pero la verdad es que las dictaduras siembre consiguen quien las defienda.