El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, canceló las personalidades jurídicas de otras 100 ONG, con lo que suman 3.206 las organizaciones de este tipo disueltas tras las protestas populares que estallaron en abril de 2018, informaron este sábado las autoridades nicaragüenses.
La ilegalización de esas 100 Organizaciones No Gubernamentales (ONG), 91 nicaragüenses y 9 de otras nacionalidades, fue aprobada por la titular de Gobernación de ese país, María Amelia Coronel, según el acuerdo ministerial publicado en el Diario Oficial, La Gaceta, de Nicaragua.
De acuerdo con la cartera de Gobernación, las 91 ONG nicaragüenses están en abandono o incumplieron sus obligaciones, entre ellas que no reportaron por períodos de entre 3 y 22 años sus juntas directivas y estados financieros, así como información de identidad y origen de todos sus miembros y donantes.
En el caso de las 9 ONG de otras nacionalidades, entre ellas 4 de Estados Unidos, fueron disueltas bajo el argumento de que estaban en abandono y llevaban entre 2 y 16 años incumpliendo sus obligaciones.
Del total de ONG ilegalizadas, 3.101 lo fueron a partir de marzo de este año, según un informe de 18 organizaciones que denunciaron en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), según ellas, la «extrema situación en relación a la sistemática violación de la libertad de asociación y el derecho a defender derechos humanos en Nicaragua».
Diputados sandinistas como Filiberto Rodríguez han dicho que las ONG afectadas utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar al presidente Daniel Ortega en las manifestaciones que estallaron en abril de 2018.
En abril de 2018, miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega debido a que respondió con la fuerza.
Las protestas dejaron al menos 355 muertos según la CIDH, aunque organismos nicaragüenses elevan la cifra a 684 y el Gobierno de Ortega reconoce 200.
Los sandinistas también han argumentado que la ilegalización de esas ONG forma parte de un proceso de ordenamiento, debido a que no todas de las 7.227 que se encontraban registradas en Nicaragua hasta 2018 estaban operando.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.
