El Gobierno español tiene previsto aprobar este martes una modificación del Reglamento de Extranjería para agilizar y facilitar la incorporación de inmigrantes al mercado laboral.
La reforma pretende mejorar la contratación en origen, facilitar la regularización por arraigo de quienes ya están en España, permitir que trabajen los estudiantes extranjeros y simplificar las exigencias para emplearse por cuenta ajena.
La propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones plantea flexibilizar los requisitos que se exigen actualmente para conseguir permisos de residencia y trabajo, con el fin de cubrir las crecientes vacantes del mercado laboral español.
RESIDENCIA CON COMPROMISO DE FORMACIÓN
Entre las propuestas aparece la figura del «arraigo por formación», que permitiría que las personas que se encuentren en España en situación irregular desde hace dos años y asuman un compromiso efectivo de formación en sectores con demanda de empleo puedan obtener autorización de residencia.
La normativa que se reforma exige, en el caso del arraigo laboral, que el extranjero haya permanecido en España durante al menos dos años y haya trabajado de manera regular o irregular durante un período acreditado de seis meses.
En el caso del arraigo social, se debe demostrar un período de permanencia en España de tres años y tener vínculos familiares o aportar un informe que acredite su inserción en la sociedad, pero también un contrato con una duración mínima de un año.
Entre los objetivos está también configurar un catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, que permita conocer más exactamente las necesidades del mercado de trabajo para mejorar los procedimientos de contratación en origen.
Respecto a los estudiantes extranjeros, el ministerio quiere que puedan simultanear los estudios con un trabajo (con un máximo de 30 horas semanales), algo que ahora tienen prohibido, salvo excepciones.
Junto a esta medida, se quiere facilitar el trabajo por cuenta propia de los extranjeros, sometido ahora a múltiples requisitos y a fuertes inversiones.
En junio pasado, los trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Sociales española eran 2,46 millones, el máximo histórico desde que se dispone de datos.
El 34,8 % son originarios de la Unión Europea y el resto proceden de países extracomuinitarios. Entre los latinoamericanos, los más numerosos son los colombianos (117.376) y los venezolanos (115.194).
España sufre una fuerte presión migratoria procedente, fundamentalmente, del continente africano. El año 2021 terminó con cerca de 42.000 personas llegadas de manera irregular, de las que unas 40.000 lo hicieron por mar, según datos oficiales.
