La tarde del 10 de mayo todo cambió para el padre Edwin Román. Él estaba tranquilo en su casa, sentado en un patio rodeado de flores, cuando empezó a escuchar bombas, morteros y tiros cerca del parque que está al lado de su iglesia. Desde entonces, ha pasado de ser un cura común y corriente a convertirse en el superhéroe de Masaya.

Pero a él no le gusta que lo vean así. Ni que le llamen así. Él quiere ser “la voz de los que no tienen voz”. Ser ese pastor que según él mismo cuenta a Efe “da la vida por sus ovejas”. Por su rebaño. Para pronunciarse y denunciar por aquellos que no pueden. Por los que les han quitado su arma más poderosa. Su grito. Su voz.

Aquella tarde, un jueves, un estudiante de medicina le pidió unos guantes y le dio unos de cocina. Los que tenía. Otro hombre se acercó a pedirle alcohol, gasas y algodón. Le dio todo lo que encontró por su casa.

Y a partir de ahí se armó “una cadena” que ha convertido a la humilde vivienda de este sacerdote católico de la Iglesia de San Miguel en un pequeño hospital, en una morgue y en una parroquia.

Pero el dolor está ahí. Presente. Arraigado en las paredes. No se va por más que las conversaciones banales intenten aliviar el denso ambiente.

“Hemos tenido a un muchacho de 15 años muerto ahí por tres horas. Y a un profesor por seis”. El padre Román es un hombre sereno. Tiene una voz tranquila y pausada. Casi celestial. Pero su mirada es agria. De esas que han visto mucho dolor y mucho sufrimiento. Mucha sangre.

Aún así, está dispuesto a ayudar a todos los nicaragüenses, sin mirar su color ni su bandera. Sin atender a ideología. A todo el rebaño. Como lo ha hecho este miércoles, encabezando una pequeña comitiva, de tres personas, que entregó a uno de los policías a los suyos.

Lo atraparon en la madrugada y llegó a su iglesia con contusiones y muy magullado. Con su camisa ensangrentada y un duro olor a metal. Aseguraba que había dejado su puesto en la Policía de Tránsito, pero en la entrada de Nindirí lo vieron con parte de su uniforme y le dieron su premio.

El padre no está a favor de la violencia. La critica una y otra vez. Él tenía 19 años y estudiaba bachillerato cuando la dictadura de Somoza vivía uno de sus episodios más duros. Las diferencias son un abismo. Espera que no acabe así. Sabe que la población aquí no está armada. Lo que se vive es una represión.

“Ya vamos. Dos minutos”. El padre, Álvaro Leiva, secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, y el delegado de esta entidad para Masaya, Danilo Martínez, sacan al muchacho de un pequeño hospital improvisado tapado con una sábana blanca.

Lo han cambiado. Luce ropa limpia. Sin manchas. Y se encaminan hacia la sede de la Policía. Todo está coordinado. En cada cuadra da el aviso: “Vamos en evolución. Ahora calle principal”.

La tensión se palpa en el ambiente. Algunos vecinos le gritan al policía esas palabras que no se pueden reproducir. Pero la bandera de “Derechos humanos” azul y blanca sigue abriendo paso hasta que lo entregan.

Tras el portón azulado de la sede policial lo reciben. A partir de ahí no se sabe que pasa. Su misión se ha cumplido. Así han realizado más de 60 “entregadas” de los dos bandos desde que empezó la crisis en Nicaragua el pasado 18 de abril.

Un tiempo en el que según Leiva han muerto asesinadas al menos 130 personas. Muchas. Pero más de setenta aún están desaparecidas. A algunas los salvaron, como al agente, pero faltan otros. Incontables.

En sus informes se aprecian los nombres, las causas, el lugar, la fecha, el número de identificación y la edad. Todo un archivo. Tanto el dolor que estudian elevar una denuncia a la Corte Internacional de Justicia. Están “trabajando en ello”.

Mientras, Román, a quien la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le ha otorgado medidas cautelares de protección, es el héroe, sin capa y con sotana, de una ciudad que fue algún día la cuna del sandinismo. Sus vecinos lo acompañan: “Que le vaya bien”.




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