No solo los altos precios de los útiles escolares dificultarán el regreso a clases. En Carabobo al menos 75% de las instituciones educativas que dependen del Estado está en condiciones deplorables, denunció Luis Guillermo Padrón, presidente en Carabobo del Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema).
Según Padrón, a la mayoría se le han caído las paredes, la pintura y no tienen pupitres. Resaltó el caso del liceo Alejo Zuloaga, en la avenida Aranzazu de Valencia. «Aunque en la fachada está escrito que sus instalaciones fueron recuperadas, la realidad es otra cuando entras a las aulas y los baños». Otra de las instituciones en similares condiciones es el liceo José Gregorio Ponce Bello.
AUSENCIA DEL 50%
Durante una rueda de prensa la mañana de este lunes, el representante de Sinvema alertó que 50% de la matrícula del sistema educativo estatal podría estar ausente para el nuevo período 2017-2018, que iniciará el próximo 18 de septiembre. A su juicio esto se debe a la crisis económica que afecta el bolsillo de los padres y representantes, a quienes incluso se les hace cuesta arriba alimentar a sus hijos.
Padrón hizo referencia al anuncio realizado el martes 29 de agosto por el vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, quien sostuvo que tras la aprobación 200 mil millones de bolívares para la compra de útiles, solo garantizarán la dotación del 50% de la matricula estudiantil nacional. ¿Entonces la otra mitad que no recibirá esa ayuda no podrá asistir a clases?.
El sindicato supervisará en todas las escuelas de Carabobo cómo se va a dar esa distribución de los útiles escolares, que pretende abarcar solo la mitad de la población estudiantil de las escuelas y liceos estatales. «Invitamos a El Aissami a que nos aclare cuál será ese 50% que recibirá la dotación y cuál no».
PAGO DE IMPUESTOS
Padrón criticó que a los trabajadores del gremio educativo le sigan haciendo recortes de sus salarios, correspondientes al pago del Impuesto Sobre la Renta (ISLR), aunque la gaceta oficial 41.077 y la sentencia 673 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) exonere a los trabajadores público, y por ende también a los profesores, de cancelar esa contribución. «Los docentes no trabajamos con una empresa privada, por esa razón no generamos ganancias que deban ser declaradas».
