El Congreso español aprobó este jueves la nueva Ley del Deporte, la tercera norma de su democracia, que sustituye a la que rige desde 1990 y que reconoce el derecho a la actividad física e introduce medidas a favor de la igualdad y contra cualquier tipo de discriminación por género, orientación sexual, raza o discapacidad.
El texto dicta, entre otros asuntos, que la Administración General del Estado desarrollará políticas públicas específicas de lucha contra la violencia hacia las mujeres y las personas LGTBI+ en el deporte y los estereotipos sexistas o de cualquier otra naturaleza.
Casi un año después de su aprobación como proyecto por el Consejo de Ministros, el texto obtuvo el último respaldo en el Pleno del Congreso con las enmiendas incorporadas en el Senado en una ley definida por el gobierno que preside Pedro Sánchez como pionera e innovadora.
El trámite parlamentario completado permite al ejecutivo español cumplir el compromiso con la Comisión Europea para percibir los fondos continentales del Plan de Recuperación, destinados a la modernización del modelo.
La igualdad es uno de los pilares básicos de la nueva norma, tanto para fomentar la práctica deportiva, como para equilibrar la presencia de mujeres en los puestos de responsabilidad de las entidades públicas y privadas.
También que las federaciones deportivas y las ligas profesionales deberán contar con un protocolo de prevención y actuación para situaciones de discriminación, abusos o acoso sexual y acoso por razón de sexo o autoridad y estarán obligadas a elaborar un plan específico de conciliación y corresponsabilidad con medidas concretas de protección en los casos de maternidad y lactancia.
Entre otras novedades, la ley define los derechos y deberes de los deportistas y diferencia estos entre profesionales, no profesionales, de alto nivel (los califica el Consejo Superior de Deportes), alto rendimiento (los califican las comunidades autónomas) y ocasionales (que obtienen una licencia para una actividad concreta).
El capítulo de los derechos de los deportistas profesionales incluye la conciliación con su vida familiar, académica y profesional; medidas de especial protección en su derecho a la maternidad y paternidad y también de protección que permitan su reincorporación laboral al finalizar sus carreras.
La igualdad de premios entre ambos sexos en eventos financiados total o parcialmente con fondos públicos, así como en los criterios para el sistema de primas en las selecciones de hombres y mujeres es otro de los principios sobre el que se sustenta la normativa.
Esta obliga a su vez a la Administración General del Estado a promover la práctica deportiva de las personas extranjeras que tengan residencia legal en España, especialmente los menores, como vía de integración social y al Consejo Superior de Deportes a impulsar la investigación, el desarrollo experimental y la innovación desde todas las disciplinas científicas y áreas de conocimiento pertinentes asociados a la práctica deportiva.
Para el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Franco, se trata de la ley que el deporte español merece, después de adquirir una nueva dimensión social, ecológica, digital y en el que no cabe ningún tipo de desigualdad por razón de sexo, género o discapacidad.
La nueva ley, que entrará en vigor después de ser sancionada por el rey Felipe VI y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), cumple, igual que las dos anteriores de 1980 -la primera de la democracia- y 1990, con el mandato del artículo 43.3 de la Constitución Española, que en el capítulo tercero del título I señala: Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte.
