(Foto archivo)

Familia y defensores de los derechos humanos están pidiendo responsabilidad a las autoridades canadienses por las acciones de la embajada del país en México y su supuesta relación con el asesinato en 2009 del activista mexicano Mariano Abarca.

El hijo de Mariano Abarca, José Luis, y un grupo de defensores de los derechos humanos de México terminó hoy en Canadá una gira en la que han denunciado las acciones de la embajada canadiense en México con respecto a su asesinato cuando se oponía a las actividades de la empresa minera canadiense Blackfire en Chiapas.

El grupo, presentó una solicitud al Comisionado Canadiense para la Integridad del Sector Público (CCISP) para que investigue las acciones de la embajada, la primera vez en la historia que el organismo recibe una solicitud de este tipo.

Según José Luis Abarca, su padre se oponía a las actividades de Blackfire porque “se estaban suscitando muchos problemas sociales, medioambientales, de corrupción por el presidente municipal, donde la empresa minera pagaba al presidente municipal para que mantuviera la ‘paz'”.

A raíz de esa indignación se empieza una lucha contra la mina, dijo a Efe.

Por su oposición a Blackfire, Mariano Abarca fue amenazado y tanto él como su familia fueron atacados en varias ocasiones. Según la organización canadiense MiningWatcth, una persona empleada por Blackfire fue condenada como uno de los autores del ataque que la familia Abarca sufrió en agosto de 2008.

Mariano Abarca acudió a la embajada canadiense en México para intentar explicar la situación.

“Quería informar de la actitud que estaba tomando la empresa ante la comunidad. Informarle a la embajada canadiense que existía un conflicto social que lo estaba provocando la mina. Se trataba de manifestarles que estaban siendo amenazados el grupo de personas que estaban en el bloqueo”, explicó José Luis Abarca.

Según la familia, la respuesta fue el silencio.

MinigWatch, que ha tenido acceso a informes oficiales canadienses, documentó la estrecha relación de la embajada en México con Blackfire.

Cuando en 2007, la empresa minera solicitó ayuda a la embajada para agilizar los trámites de explotación de la mina, el embajador canadiense en México encabezó una delegación para reunirse con el gobernador de Chiapas.

Y en octubre de 2009, un mes antes de la muerte de Abarca, una delegación canadiense visitó la mina de Blackfire en Chiapas y las autoridades del estado con el objetivo de “defender una mayor atención de Chiapas para intentar resolver los problemas” que la empresa minera tenía.

Para Miguel Ángel de los Santos, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Chiapas, las acciones de la embajada canadiense son muy graves.

“La embajada canadiense sabía del riesgo en que se encontraba la vida de Mariano Abarca. Lo sabía por este involucramiento cercano y directo que hemos señalado. Y lo sabía porque Mariano Abarca precisamente fue a denunciarlo a sus oficinas” declaró el abogado.

“Y a pesar de que sabía del riesgo, intervino en la forma en que lo hizo. Por tanto, para nosotros es grave porque la intervención de la embajada canadiense en México aumentó el riesgo para la vida de Mariano Abarca”, continuó.

Para De los Santos, las acciones de la embajada canadiense aumentaron ese riesgo por el peso que un país como Canadá puede tener en México.

“Cuando una misión diplomática de un país fuerte como Canadá, interviene en estados pobres como Chiapas, estados que tienen gobiernos autoritarios, con nulo compromiso con los derechos humanos, la intervención es considerada como un acto importante”, dijo.

“Que la misión diplomática llegue a Chiapas y se entreviste con el gobernador y plantee la necesidad de quitar obstáculos para la actividad minera, seguramente se interpreta como una obligación que tienen los gobiernos para retirar obstáculos”, continuó.

“Por tanto, lamentablemente tenemos que decirlo, la participación de la misión diplomática canadiense contribuyó a aumentar el riesgo en el que se encontraba la vida de Mariano Abarca”.

“Probablemente por eso, quienes ordenaron el crimen sintieron que podían hacerlo, porque había respaldo de una misión diplomática y porque eso, además de la ineficacia de los mecanismos de Justicia de México, aseguraban la impunidad como efectivamente ha sucedido” terminó señalando.




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