El fiscal general de Estados Unidos, Bill Barr, defendió enérgicamente el martes el envío de agentes federales para reprimir las protestas en Portland y rechazó las acusaciones de que trata de impulsar las perspectivas de reelección del presidente Donald Trump.
En una audiencia ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Barr rechazó las acusaciones de la oposición demócrata de que la administración Trump está sofocando manifestaciones pacíficas contra el racismo y la brutalidad policial, calificando las protestas en Portland como «un asalto al gobierno de Estados Unidos».
También rechazó las acusaciones de que quiere favorecer políticamente a Trump, que busca un segundo mandato en los comicios del 3 de noviembre, diciendo en cambio que su misión es «rectificar el estado de derecho», incluso cuando eso significa buscar una sentencia de prisión más leve para el consultor político de Trump Roger Stone.
“Alborotadores y anarquistas”
«Tras la muerte de George Floyd, violentos alborotadores y anarquistas se han tomado protestas legítimas para causar estragos y destrucción sin sentido a víctimas inocentes», dijo Barr.
La muerte de ese afroestadounidense, asfixiado por un policía blanco en mayo en Minneapolis, provocó multitudinarias protestas antirracistas en todo Estados Unidos, así como llamados a una reforma policial. La movilización se debilitó considerablemente, pero persisten focos de protesta, especialmente en Portland, una ciudad marcada hacia la izquierda.
«Condonar tácitamente la destrucción y la anarquía es abandonar los principios básicos del estado de derecho que deberían unirnos incluso en un momento políticamente divisivo», afirmó.
«Estado policial»
Pero el demócrata Jerry Nadler, presidente del comité, criticó a los departamentos de Justicia y Seguridad Interior por desplegar escuadrones paramilitares en Portland, donde se enfrentaron con manifestantes y arrestaron a decenas de personas.
«Estamos, como nación, presenciando cómo el gobierno federal se vuelve violentamente contra su propia gente», dijo Nadler.
La administración Trump envió este mes a Portland agentes armados, muchos de ellos con equipo de combate, después de semanas de protestas contra la policía y contra el gobierno que dejaron un tribunal federal y varios otros edificios con graffiti y ventanas rotas.
Los demócratas dijeron que la intervención tiene tufillo a «estado policial» y que es una movida política mostrar a Trump ante los votantes como un estricto presidente de la ley y el orden.
Medida contraproducente
Pero las protestas en Portland se intensificaron desde que llegaron los agentes federales, y funcionarios de Portland y el estado de Oregon han acusado a Barr de una reacción exagerada que empeoró una situación manejable.
«El presidente quiere imágenes para sus anuncios de campaña, y parece que se le está entregando según lo ordenado», dijo Nadler, uno de varios demócratas que acribilló a Barr con preguntas sobre su historial de 17 meses como fiscal general.
Pero Barr dijo en testimonio que es su trabajo proteger la propiedad y los medios de vida afectados por los manifestantes.
«No hay lugar en este país para las multitudes armadas que buscan establecer zonas autónomas más allá del control del gobierno, o derribar estatuas y monumentos que las comunidades respetuosas de la ley eligieron erigir, o destruir la propiedad y los medios de subsistencia de empresarios inocentes», dijo.
«La responsabilidad más básica del gobierno es garantizar el estado de derecho», aseveró.
El caso Stone
Barr también desestimó las acusaciones de haber actuado en favor de Stone cuando intervino para aligerar la sentencia del activista republicano acusado de mentirle al Congreso y manipular testigos.
Stone terminó sentenciado a 40 meses de prisión en febrero, mucho menos que los siete a nueve años solicitados por los fiscales del Departamento de Justicia en el caso.
El 10 de julio, Trump, que había criticado el procesamiento de Stone antes de la sentencia, la conmutó.
Barr insistió en que la solicitud de sentencia original resultaba excesiva para el caso de Stone.
«Estoy de acuerdo en que los amigos del presidente no merecen arreglos especiales», dijo al panel.
«Pero tampoco merecen trato más duro que otras personas», señaló.
© Agence France-Presse
