Las estrecheces económicas provocadas por la pandemia del nuevo coronavirus podrían generar estallidos de protestas, advirtió este miércoles el Fondo Monetario Internacional (FMI), que recordó manifestaciones como las ocurridas en Chile, Ecuador o Francia en los últimos años.
El FMI advirtió que algunos países siguen vulnerables a que haya nuevas protestas – particularmente si las políticas para mitigar la crisis por la COVID-19 son percibidas como insuficientes o injustas – más orientadas hacia las grandes corporaciones que hacia las personas».
El martes en Sudáfrica, la policía disparó balas de caucho y gas lacrimógeno contra manifestantes en los arrabales de Ciudad del Cabo que protestaban por la falta de comida por el confinamiento.
Cientos de personas expresaron su indignación frente a la policía, lanzando piedras y levantando barricadas con neumáticos para protestar por raciones de comida que nunca llegaron.
En su informe semestral, el FMI señaló que las protestas son «más probables en países con un historial de corrupción generalizada, falta de transparencia en las políticas públicas y con pobres prestaciones de servicios».
La entidad multilateral con sede en Washington indicó que incluso los gobiernos con las mejores intenciones de aliviar el daño económico causado por la crisis y el confinamiento para contener el virus pueden verse enfrentados a estallidos sociales.
«Los manifestantes no son necesariamente los más pobres», indicó el Fondo.
Un creciente número de protestas han surgido en los dos últimos años en varios lugares del mundo, desafiando a los gobiernos y a los responsables de las políticas públicas a entender o a poder entender las raíces del descontento, señaló.
El informe señala como ejemplo una ola de protestas que comenzaron con manifestaciones por un alza de los precios de algún producto o servicio y se convirtieron en movimientos más amplios como ocurrió en octubre en Ecuador, donde una subida de la gasolina provocó un alzamiento que paralizó el país.
El FMI citó también ejemplos como el de Chile, donde una pequeña alza del billete de metro derivó en un movimiento masivo contra la desigualdad que logró que se convocara un plebiscito para cambiar la constitución, o el de la crisis de los chalecos amarillos en Francia.
Los autores del informe instaron a los gobiernos a tomar medidas para reducir las posibilidades de que surjan estas protestas.
Esto incluye una comunicación sobre sus políticas que sea clara, racional y emitida con antelación, con una estrategia para superar a la oposición y con bases para aliviar la carga que medidas como el alza de un bien pueden provocar.
