A dos días de la consulta secesionista, prohibida por el Tribunal Constitucional, el Gobierno catalán anunció que prevé disponer de 2.315 colegios electorales y de 7.235 personas. (EFE)

El Gobierno español advirtió hoy al Ejecutivo de Cataluña y a sus “socios” secesionistas que tendrán que responder ante la Justicia por el referéndum ilegal que ha convocado para el 1° de octubre, cuyos preparativos fueron dados a conocer hoy a la prensa por representantes de la administración catalana.

A dos días de la consulta secesionista, prohibida por el Tribunal Constitucional, el Gobierno catalán anunció que prevé disponer de 2.315 colegios electorales y de 7.235 personas para intentar que el próximo domingo unos 5,34 millones de ciudadanos puedan votar, a pesar del amplio dispositivo policial que tratará de impedirlo.

El Ejecutivo catalán presentó a los medios de comunicación un modelo de urna diferente al que se ha usado en otros procesos electorales – de metacrilato – y que consiste en un recipiente de plástico blanco con el emblema de la región y cerrado con unas bridas.

“La presentación de unos contenedores o cubos como urnas cobrando diez euros no está mal como imaginación”, ironizó hoy el ministro portavoz del Gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo, sobre la presentación a la prensa de los preparativos del referéndum, por la que se cobró esa cantidad de dinero a los asistentes.

Méndez de Vigo responsabilizó al Ejecutivo catalán y a sus socios de la formación independentista CUP de “deslealtad institucional” y “desobediencia constitucional” y aseguró que tendrán que responder por ello ante los tribunales.

“Las leyes obligan a todos, recalco, a todos, porque nadie está por encima de la ley. La convivencia y el progreso y bienestar no son posibles al margen el imperio de la ley y del Estado de derecho”, aseveró.

Méndez de Vigo reiteró que la consulta secesionista del próximo domingo es ilegal y carece de garantías democráticas, por lo que señaló que “lo que suceda el día 1 no será un referéndum”.

A pesar de las advertencias del Gobierno español, el Ejecutivo catalán reiteró hoy que “el domingo se votará”, y que se hará entre las 9 y las 20 horas (de 7.00 a 18.00 GMT), según informó durante la presentación de los preparativos para la consulta secesionista el consejero de Presidencia catalán, Jordi Turull.

Turull dijo que habrá un conjunto de académicos y profesionales que actuarán como una junta electoral para certificar los resultados de la consulta y cuyos nombres se conocerán el próximo domingo.

Los integrantes de la Sindicatura (o Junta) Electoral, cuya labor es supervisar los procesos electorales, dimitieron hace unos días para eludir las multas del Tribunal Constitucional.

En la misma rueda de prensa, el vicepresidente del Ejecutivo catalán, Oriol Junqueras, aseguró que habrá “alternativas” – que no precisó – donde las fuerzas de seguridad impidan votar el 1-O.

“Si alguien pretende asaltar colegios electorales en otro gesto antidemocrático, los ciudadanos de Cataluña podrán votar este domingo y estamos convencidos de que los resultados tendrán toda la validez que les corresponde”, afirmó Junqueras.

La policía autonómica de Cataluña (Mossos d’Esquadra) comenzó hoy a personarse en los edificios públicos designados por las autoridades catalanas como centros de votación para desalojarlos, cerrarlos e intervenir los materiales electorales, siguiendo instrucciones de su jefe operativo, Josep Lluis Trapero.

Trapero dio instrucciones a sus agentes en cumplimiento de la instrucción del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que les obliga a impedir la apertura de esos centros para acoger la votación del 1 de octubre.

Los Mossos también deben comunicar a las personas que se encuentren en el interior de los locales que los deben desalojar antes de las 6.00 horas (4.00 GMT) del 1 de octubre. 




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