El Gobierno y la oposición continuarán en Caracas la búsqueda de un acuerdo para resolver la crisis política, al no haberlo logrado durante una ronda de diálogo celebrada entre el lunes y este miércoles en República Dominicana.
«Quedan asuntos pendientes que tienen que ser discutidos en Caracas y las partes se trasladarán a Caracas para comenzar las consultas y poderse reunir allá», dijo en rueda de prensa el presidente dominicano, Danilo Medina.
El mandatario, que mostró ante las cámaras el acta de los avances de la agenda para los acuerdos del diálogo, dijo que se estableció un plazo de tres a cinco días para una próxima reunión entre las partes en Santo Domingo.
«Tentativamente el próximo lunes (se reunirán) para tratar de llegar a un acuerdo aquí», expresó.
Jorge Rodríguez, principal delegado del gobierno de Nicolás Maduro, aseguró que se firmó un «preacuerdo» con «elementos de entendimiento», sin dar detalles.
«Estamos entendidos en absolutamente la inmensa mayoría de los puntos de agenda. Faltan algunos mínimos detalles que van a ser dilucidados y acordados en las próximas 72 horas» en Caracas, señaló.
Sin embargo, el principal negociador de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Julio Borges, aseveró que no se había suscrito ningún documento.
«Aquí no se ha firmado ningún preacuerdo, lo único que hay en blanco y negro son aquellos aspectos en los que hay avances», expresó.
Las discusiones tienen como punto álgido la fecha de las elecciones presidenciales, convocadas por la oficialista Asamblea Constituyente para antes del 30 de abril.
Según analistas, Maduro, quien buscará la reelección, intenta así sacar provecho de las divisiones en la MUD y el corto tiempo que tendría la alianza para zanjarlas en pro de un candidato único.
Rodríguez dijo también que las partes se reunirían en los próximos días en Caracas, pero Borges sostuvo que en ese tiempo la MUD haría consultas con diferentes sectores, incluidos sus precandidatos presidenciales.
En las negociaciones, la oposición exige garantías para las presidenciales.
El Gobierno, a su vez, demanda el reconocimiento de la Constituyente, considerada ilegítima por la oposición y parte de la comunidad internacional.
